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Alumnos y docentes vigilarán la aplicación de los recursos federales

Administrador Colimapm | Colima | 21/02/2011

A partir de este lunes quedaron debidamente conformados los integrantes de los comités de Contraloría Social de la Universidad de Colima que darán seguimiento, supervisión y vigilancia a la ejecución de los esquemas de apoyo federal como son el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

Integrados por cuatro docentes (así como por cuatro alumnos para el caso del Comité de Contraloría Social PIFI) de diferentes ramas del conocimiento, cada uno recibió para efectuar su labor las constancias de acreditación de manos del rector Miguel Ángel Aguayo López, en presencia de Martha Magaña Echeverría, directora general de Planeación y Desarrollo Institucional y de Refugio Humberto Tene, contralor social de la casa de estudios y representante de la U de C ante el PROMEP.

Al dirigirse a los involucrados en este proceso, el rector les dijo que “ustedes medirán los impactos de la inversión en las funciones de la Universidad y les toca analizar el impacto del PIFI en sus planteles y escuelas, además de supervisar si el equipo y las aulas están en funcionamiento”.

Para los comités del PIFI y del PROMEP, en representación de los maestros están Fernando Elizondo Mata (presidente); Francisco Javier Guzmán Nava (secretario); Evelyn I. Rodríguez Morril (Vocal 1); y Susana Aurelia Preciado Jiménez (Vocal 2), todos ellos serán quienes trabajen para conocer el impacto de ambos programas, una tarea que ahora por disposición federal deben realizar estos comités.

Los alumnos que representan a los comité del PIFI son Olmo Gómez Pozas, de la Facultad de Arquitectura y Diseño; Luis Alfredo Jáuregui Bueno, de la de Ingeniería Civil; Salvador Díaz Flores de la de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y Fernando Meillón Santa Ana de la de Medicina.

Las nuevas disposiciones que rigen este renglón fueron creadas a partir de la Ley Federal de Desarrollo Social, que contempla la creación de las contralorías sociales y los comités para vigilar todos aquellos programas que ejerzan recursos federales.

Por la magnitud de esta encomienda, que durante 2010 fue de 108 beneficiarios del PROMEP, de ellos 68 mujeres y cuarenta hombres, con una inversión cercana a los siete millones de pesos y que en el caso del PIFI, asciende a los 61 millones de pesos, aproximadamente, “es importante la transparencia, vigilancia y observancia de las disposiciones”, dijo finalmente el rector.

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