UNA TRANSPARENCIA OPACA
La Ley General de Transparencia, aprobada por el Senado durante el mes de marzo deja mucho que desear, sobre todo porque no obliga a los funcionarios públicos –cuyo estipendio proviene de los impuestos que pagamos los mexicanos—a publicar su informe patrimonial.
Aunque la ley exige a los tres poderes de la Unión, organismos descentralizados, partidos políticos y sindicatos a rendir cuentas de los recursos públicos y de los actos de autoridad que ejerzan, deja de lado lo específico del comportamiento --“aquí en lo corto”--, que es donde generalmente se origina la corrupción.
Se requiere, además de fiscalizar a los organismos y poderes, fortalecer los mecanismos de transparencia para prevenir la corrupción de una manera más focalizada. En este tema la transparencia debe ser total. De nada sirve publicar una declaración patrimonial y omitir aspectos contables que son fundamentales para la información.
Lo peor es dejar espacios vacíos, y más sin una nota aclaratoria de por qué se omite esa información. Jorge Luis Preciado, candidato del PAN a la gubernatura, así lo hizo. Omitió cuánto costó el castillo que construye en Cuauhtémoc, así como otras propiedades.
También lo hizo, en su momento, Murillo Karam, cuando comenzó el sexenio de Peña Nieto y Navarrete Prida, titular de STPS, quien no especificó una relación de asesoría que aunque no viola la ley, genera suspicacia.
Dos Puntos: En el tema de la transparencia le deben entrar todos los candidatos a gobernador, pero sin medias tintas. Y no pierdan de vista a la comisionada presidenta del IFAI, Ximena Puente de la Mora, puede dar de qué hablar en el 2018.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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