BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 21/05/2019

UNA BUENA ACCIÓN DE PRESIDENTE 

El presidente Andrés Manuel firmó un decreto para desaparecer las condonaciones a los contribuyentes acaudalados del país: en los últimos 12 años dejaron de ingresar a las arcas públicos cerca de 400 mil millones de pesos, de los cuales, el 54 por ciento se concentró en 108 grandes empresarios o empresas, cuya riqueza se cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

La medida contrasta con la condonación presidencial de adeudos por cerca de 11 mil millones de pesos, acción que benefició a los deudores y morosos de la CFE en Tabasco. Preferible, en todo caso, mejor cobrar que condonar, en especial si esos recursos robustecen la hacienda pública y dan la capacidad financiera al gobierno federal para incentivar inversiones y mejorar los apoyos sociales.

Ahora bien, que el gobierno no mande ese mensaje contradictorio: a unos les cobra y a otros los condona. Se debe analizar, además, por qué se les condonaron impuestos a estas empresas o consorcios; es claro que no hay evasión fiscal, pero sí se tiene que conocer a detalle los motivos de la condonación.

Hay algunas empresas, por ejemplo, que al emplear adultos en plenitud o personas con discapacidad reciben este beneficio. El gobierno de Andrés Manuel debe sopesar esta situación y no afectar algún sector vulnerable y, por otro lado, cobrarle a los morosos de Tabasco, porque no se puede establecer un régimen de excepción, perjudicando a los contribuyentes que siempre pagamos puntualmente nuestros impuestos y recibos de luz.

Dos puntos

La sociedad colimense exige por unanimidad el retiro de la caseta de Cuyutlán. Es un acierto del gobernador Ignacio Peralta impulsar la defensa jurídica para exigir el retiro de la garita, que a todas luces opera con irregularidad. Sorprende, por otro lado, que actores políticos de Morena no apoyen con fuerza esta iniciativa y se sumen para construir, de manera conjunta, un frente con el gobierno estatal que cristalice en los hechos esta exigencia social.

Gobierno estatal creó un micrositio de internet a través del cual se transparentó todo este proceso jurídico para el retiro de la caseta. Los ciudadanos tenemos que estar atentos a esta medida y exigir, por parte de nuestras autoridades, el cumplimiento de la ley. En este caso, hay pruebas irrefutables de las anomalías e irregularidades de la operación de la caseta de Cuyutlán, por lo que su retiro es un acto de justicia.

Y es indispensable no sólo que retire la caseta de Cuyutlán, sino que la administración pase al gobierno estatal para que la administre, con la premisa fundamental de no cobrarle a los automovilistas con placas de Colima; el pago se tiene que focalizar para el transporte de carga contenerizada y que este recurso se canalice al mantenimiento y generar un fondo metropolitano que beneficie a los ayuntamientos de Manzanillo, Tecomán y Armería. Eso es lo justo.