Al declarar infundada la controversia constitucional promovida por el Municipio de Cuauhtémoc, bajo el expediente 68/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que en el procedimiento de juicio político en contra del alcalde de esa municipalidad, Rafael Mendoza Godínez, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima erigido en Jurado de Sentencia “no tiene la facultad de cambiar la decisión del órgano de jurado (Congreso del Estado), debido a que sólo tiene la atribución de imponer y ejecutar la respectiva sanción”, esto es los 7 años de inhabilitación al edil.
El Ministro José Fernando Franco González Salas fue el ponente de la resolución definitiva de este expediente, contando con tres votos de los 5 posibles de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su resolutivo definitivo de la Controversia Constitucional entablada por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc y su presidente municipal, la Suprema Corte de Justicia de la nación –según consta en el expediente de referencia- “la decisión del Congreso local no es modificable, dado que la etapa que falta por desahogarse simplemente es de imposición y ejecución de la sanción; en virtud de que la ley aplicable no preveía la posibilidad de que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, erigido en Jurado de Sentencia, modifique la decisión emitida por el Congreso local”.
La Segunda Sala de la Corte notificó ese martes oficialmente su sentencia en la controversia promovida por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, que buscaba echar abajo el juicio político contra Rafael Mendoza Godínez, quien será sancionado =por acuerdo del Congreso del Estado de Colima- con destitución e inhabilitación por siete años.
Por tres votos contra dos, la Sala declaró infundada la controversia 68/2017, y al ser notificados los puntos resolutivos, deja de estar vigente la suspensión que impedía aplicar a Mendoza la sanción acordada por la Legislatura de Colima en febrero de 2017.
En las elecciones del pasado 1 de julio, Mendoza Godínez fue reelecto con 40.2 por ciento de los votos para un nuevo periodo de tres años como alcalde, que tendría que asumir el 15 de octubre.
El juicio político contra Mendoza derivó de una sentencia dictada en marzo de 2016 por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Dicha Sala declaró al Alcalde responsable de infracciones legales por asistir a eventos proselitistas del entonces candidato panista de la Gubernatura, Jorge Luis Preciado, el 9 y 11 de enero de 2016, aunque Mendoza alegó que gozaba de licencia.
El TEPJF dio vista del caso al Congreso estatal, que desahogó el juicio político y con voto de 17 de los 18 diputados, en febrero de 2017 resolvió, como jurado de acusación, que procede sancionar a Mendoza con destitución e inhabilitación de siete años.
El Alcalde respondió con una demanda de amparo, que ya fue desechada en definitiva por un Tribunal Colegiado de Circuito de Colima, y con la controversia en la Corte, que fue la que le había permitido seguir en el cargo y frenar la decisión final en el STJE de Colima, que deberá únicamente imponer y ejecutar la respectiva sanción.
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