BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 23/11/2017

SALARIOS DE FICCIÓN

En México, propiamente, no tenemos un salario mínimo o un mini salario, sino un salario de ficción, pues vive en la irrealidad quien piense que con 2 mil 650 pesos mensuales se solventan las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (así lo marca el artículo 123  constitucional).

Lo que no es una ficción –sino una acción que refleja la falta de empatía con la clase trabajadora—es que tanto la parte gubernamental como la patronal, rechacen un mayor incremento al salario mínimo arguyendo los efectos inflacionarios que se podrían generar.

Esto tenía lógica antes de enero del 2016, cuando el salario mínimo era tomado como referencia de muchas leyes (laborales, de seguridad social, fiscales, administrativas y de muchas otras índoles) como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas.

Por ese motivo, el aumento del salario mínimo impactaba en el cumplimiento de diversas obligaciones, créditos, derechos contribuciones, sanciones administrativas o penales y generaba, así, un efecto inflacionario.

Sin embargo, en enero del 2016 se  oficializó la desindexación del salario mínimo: dejó de ser tomada como una unidad de cálculo y en su lugar se creó la Unidad de Medida y Actualización. No hay pretexto, pues, para que los salarios mínimos sean acordes a la realidad de los mexicanos.

Resulta paradójico –y casi hasta cínico-- que las autoridades muestran tanta reticencia en aumentar el salario mínimo, pero asuman una postura diametralmente opuesta cuando se trata de allegarse recursos fiscales mediante alzas desmesuradas a los precios de los combustibles,  los cuales sí disparan la inflación y afectan seriamente la economía de las familias mexicanas.

Pero reitero: lo preocupantes es que nuestras autoridades vivan en la irrealidad y piensen que con cien pesos diarios o menos un jefe o jefa de familia pueda, como lo manda el texto constitucional, satisfacer las necesidades normales en el orden material, social y cultural y proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Según la Encuesta Nacional de Transporte y Movilidad realizada por la UNAM el año pasado, --y que publicó el periódico a La Jornada--el gasto familiar promedio en transporte fue de mil 600 pesos al mes, lo que representaría más de 60 por ciento de los 2 mil 650 pesos mensuales a los que llegarán los minisalarios en enero próximo.

Es insostenible que se mantengan los mecanismos que perpetúan un salario mínimo incompatible con la realidad. Es necesario que se genere un estudio de fondo que actualice el salario de acuerdo a los retos económicos que enfrentan las familias mexicanas. No se puede seguir propiciando, desde las esferas del poder, la desesperante pobreza en la que se encuentran millones de trabajadores mexicanos.

DOS PUNTOS

Al reunirse con la clase trabajadora del gobierno estatal, el gobernador Ignacio Peralta manda un mensaje de inteligencia y sensibilidad política. Es urgente una reforma a pensiones del gobierno del estado y los municipios, pero está debe no sólo corregir la problemática de fondo, sino también salvaguardar el derecho de los trabajadores.