Aprueba Congreso que grafitear sin permiso sea delito

Administrador Colimapm | Colima | 22/02/2011

Para considerar al grafiti un delito, el Congreso del Estado aprobó adicionar el artículo 237 bis al Código Penal de Colima, que prevé prisión hasta de un año ó hasta 300 horas de trabajo comunitario, a quien pinte, grave, tiña o imprima signos, mensajes o dibujos sobre bienes muebles e inmuebles de propiedad privada o pública sin el consentimiento de quien legalmente esté facultado para otorgarlo.

A iniciativa del Ayuntamiento de Colima, quien realice un grafiti sobre una propiedad sin el consentimiento de su dueño o responsable del bien mueble o inmueble y el monto del daño no exceda el equivalente a 20 salarios mínimos, recibirá una sanción de seis meses a un año de prisión o trabajo comunitario de 120 a 240 horas y multa hasta por 20 salarios mínimos.

La adición al Código Penal aprobada este martes por unanimidad, establece una pena de ocho meses a un año de prisión o trabajo comunitario de 200 a 300 horas y multa hasta por 60 unidades de salario mínimo, cuando el monto del daño ocasionado por el grafiti exceda el equivalente a 20 salarios mínimos.

Al presentar el dictamen a favor de la iniciativa, José Manuel Romero Coello, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, dijo coincidir con la iniciativa del Ayuntamiento de Colima, cuyo objetivo es inhibir, combatir y sancionar los crecientes daños patrimoniales con motivo de la pinta o inscripciones en bienes muebles e inmuebles, públicos y privados.

Apuntó que en el municipio de Colima, la actividad del grafiti es una conducta prohibida y está considerada como una infracción de carácter administrativa en el artículo 71 del Reglamento de Limpia y Sanidad del Municipio de Colima, pero dado el crecimiento de esta conducta antisocial en la entidad, se considera necesario elevar esta infracción administrativa a un nuevo tipo penal.

En este sentido, la Comisión dictaminadora consideró que con la aprobación de la iniciativa propuesta y el establecimiento del nuevo delito de grafiti, cuyo bien jurídico es el patrimonio público o privado, se pretende hacer respetar el derecho de propiedad, evitando su menoscabo o el daño patrimonial, así como coadyuvar a inhibir la actividad del grafiti ilegal y contribuir a una mejor imagen visual urbana.