ESTACIÓN SUFRAGIO

Administrador Colimapm | Opinión | 26/10/2017

POR: Adalberto Carvajal

El Sindicato cumplió con todos los requisitos de ley. Y no actúo de mala fe: es un proceso abierto, pero al interior del STSGE.

NO ES UN PROBLEMA ECONÓMICO:

¿Qué molestó tanto a la administración pública estatal del proceso iniciado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado?

Lo único que hizo la organización que encabeza Martín Flores fue incorporar a sus filas a 488 empleados de confianza que habían venido, reiteradamente, solicitando su adhesión al STSGE.

Pensando con malicia, a algún sector del gabinete le molestó que ese reconocimiento al derecho que tenían ganado medio millar de empleados de confianza interrumpió una estrategia, en el manejo del capital humano, para regresar a gran parte de esos servidores públicos a un estatus de trabajadores por contrato, dejándolos más vulnerables a un eventual cese.

Si el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) confirma su incorporación al Sindicato, esos burócratas tendrán la certeza jurídica y estabilidad laboral por las que habían venido peleando, en su mayoría, desde hace más de una década.

Aquí no hay un problema económico, pues los sueldos de esos trabajadores que contrató la administración de Ignacio Peralta ya están presupuestados. Y las prestaciones adicionales a las que se harán acreedores al momento de entrar al STSGE, no suponen la sangría a las finanzas públicas contra la que un medio impreso local clamó en su nota principal del lunes.

Tampoco hay un problema político. Se acusa al Sindicato de actuar unilateral y secretamente. Mas no puede ser unilateral un acto que deberá ser sancionado por el TAE, ni secreto algo que simplemente ocurrió al interior del Sindicato. Otra cosa es que no le hayan avisado al secretario de Administración, pero ahí el problema es de Kristian Meiners que, ingenuamente, no la vio venir.

Mucho menos es un acto de prepotencia de Martín Flores puesto que esos trabajadores están en la nómina por decisión del gobierno de Ignacio Peralta. El secretario general no los contrató, simplemente los está admitiendo en su organización.

La prensa oficialista describió el acto como un abuso del Sindicato, pero en realidad se trata del ejercicio de un derecho de los trabajadores. La mayoría de ellos están basificados y habían venido pidiendo su incorporación al STSGE, algunos hasta en cinco ocasiones.

ES UN DERECHO ADQUIRIDO:

Para gozar de los beneficios de pertenecer a un gremio, estos casi 500 trabajadores de confianza tenían dos opciones: adherirse al sindicato que tiene el contrato colectivo de trabajo o, como alternativa, formar un nuevo sindicato.

Me pregunto si de haber optado por formar una nueva organización laboral, el diario local que tanto criticó la medida se habría escandalizado igual o, por el contrario, hubiera celebrado que tantos burócratas se deslindarán de la dirigencia de Flores Castañeda.

La posibilidad de sindicalizarse está en el estatuto laboral de todo aquel servidor público que esté activo, y cuyo salario esté contemplado en el presupuesto de un centro de trabajo donde haya otros burócratas sindicalizados.

Aunque fue presentado como un acto alevoso y un golpe artero, lo que sucedió el viernes pasado en la sede del Sindicato no es más que el inicio de un proceso de regularización laboral que, una de dos, se acordará con la dependencia pública en la que el solicitante está adscrito o, bien, se dirimirá por controversia ante el Tribunal.

Fuentes en el STSGE reiteraron su compromiso a seguir el proceso buscando que no se dispare el gasto corriente y que las sindicalizaciones se ajusten a un tabulador. Es decir, los trabajadores que se sindicalicen seguirán ganando lo que reciben ahora.

A la larga podría haber un incremento en la partida de servicios personales derivado de las prestaciones económicas que son exclusivas de los sindicalizados, pero tendrá un mínimo impacto en los egresos.

YA NO LOS PODRÁN CORRER:

Es claro que en un clima laboral donde a los trabajadores de confianza, sin importar su antigüedad ni la indefinición de su contrato, les han estado pidiendo que renuncien a sus derechos y firmen contratos temporales de seis meses, pisoteando literalmente sus derechos, la movida sindical resulta contraproducente.

A esos casi 500 servidores públicos (muchos de ellos de carrera), ser aceptados en el Sindicato les dará no sólo certeza jurídica y seguridad laboral, también los hará más eficientes pues rinde más quien se siente tranquilo.

El tema es el derecho adquirido por esos 488 trabajadores, no si les descontarán de nómina la cuota sindical. El 90 por ciento de los solicitantes tienen una antigüedad mayor a 10 años. Aunque en el otro 10 por ciento hay alguno que apenas tiene un año laborando.

Un tercio son trabajadores de base.

Otro tercio son supernumerarios con derecho a basificación porque excedieron el plazo del primer contrato y, al no haber sido reformulada su situación laboral, quedaron en situación de plazo indefinido.

Y el tercio restante son trabajadores de confianza cuya categoría nominal, no obstante ser de confianza, equivale a las funciones de un trabajador de base, esto es, se equipara a la categoría nominal que tienen los que ya están sindicalizados.

Hablamos de puestos de trabajo tales como chofer, analista, auxiliar técnico, secretaria, auxiliar administrativo, jefe de oficina, promotor, jefes de área, operador, jefe de proyectos, capturista, auxiliar de información…

El sindicato cumplió con todos los requisitos de ley. Y no actúo de mala fe: es un proceso abierto, pero al interior del STSGE; con apego estatutario y la aprobación de los delegados sindicales; un procedimiento que se notificó al TAE como admisión de nuevos miembros, y así quedó asentado en el expediente de registro 003/1973.

LEÓN ALAM HIZO LO MISMO:

En el marco de la defenestración que hizo el Congreso de casi todos los funcionarios del gabinete de Mario Anguiano, se quiere ver esta admisión de nuevos miembros del sindicato como una medida desesperada para proteger a la clase política que formó al ex gobernador.

En realidad, en la lista hay funcionarios públicos que han servido institucionalmente a más de un gobierno, desde el de Fernando Moreno hasta el de Anguiano Moreno, pasando por personal que se incorporó a la administración pública en tiempos de Gustavo Vázquez y Silverio Cavazos, y siguieron trabajando durante los interinatos de Carlos Flores, Arnoldo Ochoa y Ramón Pérez Díaz.

Hay en la lista gente que reconoce el padrinazgo o el madrinazgo de ex gobernadores, ex primeras damas, senadores, diputados federales, funcionarios del gobierno de la República e incluso miembros del actual gabinete estatal.

Lo que tienen en común es la reiterada negativa que recibieron de la administración estatal (de varias sucesivas, no sólo de ésta) a regularizar su situación laboral.

No es la primera vez que ocurre la admisión de nuevos miembros, pero sospecho que nunca antes se dio en medio de tanta tensión entre la patronal y el sindicato, pues ocurría luego que el gobierno saliente negociara con la representación laboral la basificación de algunos de quienes habían servido al régimen.

Lo cierto es que nunca antes había generado tan exageradas reacciones. Hace unos meses, el sindicato de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima que encabeza Héctor León Alam, incorporó a nuevos miembros sin notificarle al alcalde Héctor Insúa. Y nadie se indignó.

Es más, el evento contó con la simpatía del Gobierno del Estado. De hecho, el mandatario estatal Ignacio Peralta asistió a la ceremonia (en la que no estuvo el edil capitalino) y les tomó la protesta a los nuevos sindicalizados municipales.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en el sitio web y las redes sociales de CARVAJALBERBER.