Los diputados del PRI, Partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo presentaron una iniciativa de ley, que plantea tipificar como delito el terrorismo dentro del Código Penal para el Estado de Colima.
La iniciativa, presentada en tribuna por la presidenta del Congreso del Estado, Socorro Rivera Carrillo, considera terrorismo la realización de ataques en contra de las personas, las cosas o servicios públicos mediante la utilización de explosivos, armas de fuego, sustancias toxicas o similares, o por incendio, inundación o a través de cualquier otro medio violento que produzca alarma, zozobra, temor o terror entre la población y afecten además los bienes jurídicos de la seguridad pública y la paz social y el menoscabo de la autoridad del Estado.
La adición al Código Penal del Estado propuesta por los diputados del PRI, Partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo, plantea sancionar el terrorismo con una pena de prisión de 6 a 30 años, independientemente de las penas que por la comisión de otros delitos resulten.
Asimismo, con el objetivo de que el combate a este delito sea más integral, se propone sancionar con la misma pena de prisión impuesta a los terroristas, a quienes recauden, aporten o financien fondos económicos o insumos de cualquier especie en apoyo de personas, o grupos de personas que cometan o pretendan cometer el delito de terrorismo.
Por otro lado, se propone que el terrorismo en Colima sea catalogado como delito grave e imprescriptible, con el propósito de que quienes cometan tales conductas delictivas no queden impunes, aún con el transcurso prolongado del tiempo desde su comisión.
Estimó necesario que el Estado de Colima no debe esperar a que acontezcan hechos de carácter terrorista para legislar al respecto, pues es importante reconocer que el Código Penal Vigente en nuestro Estado no establece a la fecha el delito de terrorismo y, por ello, si llegaran a cometerse actos de esta naturaleza no existirían bases jurídicas para sancionar a los responsables.
Finalmente, Rivera Carrillo señaló que actualmente, más de la mitad de las entidades federativas del país ya regulan en sus respectivos Códigos Penales ese delito, siendo éstas Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
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