LA PANGA

MAYAHUEL HURTADO | Opinión | 09/02/2017

LAS LEYES DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO SON UNA OPCIÓN, LO SON TODO

A lo largo de poco más de 16 años de ejercer el magisterio y sumando los años en los que fui alumna, pudiera hacer una valoración de cómo han evolucionado los Derechos Humanos y las Leyes y Reglamentos que protegen los Derechos de los Alumnos. Y es en Colima cuando el tres de septiembre del año 2016, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), publicó el Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde el gobernador José Ignacio Peralta puso al alcance de todos los colimenses este maravilloso documento que si lo aplicamos con estricto apego a Derecho cambiaríamos las atmósferas en los centros escolares y tendríamos como resultado un respeto total a los valores universales y a los Derechos Humanos de los alumnos.

El objeto de dicho reglamento expresado en el artículo primero es regular las atribuciones de la administración pública estatal a efecto de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, documento que se fundamenta en diferentes leyes y manuales. Para ello citaré al artículo 46 contenido en el artículo de dicho Reglamento, que en los puntos 1 y 2 dicen lo siguiente: “El DIF Estatal y las autoridades competentes celebrarán convenios con el objeto de lograr en el ámbito de sus respectivas competencias, una efectiva colaboración para garantizar a niñas, niños y adolescentes, la protección de sus derechos, el ejercicio pleno de los mismos y la implementación de las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar conductas que vulneren las conductas de niños, niñas y adolescentes, así como para lograr la restitución de los mismos (…) La Procuraduría de Protección, coordinará las medidas que se implementen para prevenir, atender y sancionar conductas que afecten los derechos de las niñas, niños o adolescentes”.

Entiéndase que esta protección es de carácter global, es decir se aplica en todos los ambientes y contextos en los que se encuentren los niños, niñas y adolescentes, ya sea en el ámbito familiar, social, médico, educativo, etc.

Si a este documento le sumamos  el protocolo de seguridad recientemente anunciado por el gobernador y si añadimos el darle puntual seguimiento y cumplimiento a la Ley de Educación del Estado de Colima, que tuvo la última Reforma el 19 de marzo de 2016, en donde el Artículo Cuarto, describe: “Toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad, por lo tanto, tiene las mismas oportunidades de acceso, permanencia y conclusión en el sistema educativo estatal, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables, sin discriminación alguna, por motivos de raza, género, religión, lengua, ideología, impedimento físico o cualquier otra condición personal, social o económica (…) “ Estamos garantizando con la aplicación de este artículo la inclusión educativa, algo que aún se encuentra en proceso, pero con la atinada visión educativa del gobernador Peralta, en un futuro de muy corto plazo será una realidad para todos los alumnos de educación básica.

Me encanta el artículo de la misma Ley de Educación en el estado, que garantiza la participación de todos los involucrados en el proceso educativo, es decir, educando, padres de familia, docentes y autoridades escolares, con la finalidad de cumplir el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza el derecho a la educación. El artículo sexto contiene lineamientos fundamentales que todos debemos de conocer, de respetar y de aplicar, “en todos los planteles educativos de la entidad, en los que se imparta educación básica y media superior, así como inicial y especial, de manera primordial se atenderá el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, es decir, que toda persona o autoridad educativa estatal, municipal y escolar, en todo momento deberá privilegiar el deber de atenderlos y cuidarlos, promoviendo y protegiendo sus derechos, incluso por encima de la protección que se les da a los derechos de los adultos. Las autoridades educativas, estatales  y municipales, establecerán los mecanismos para fomentar en las instituciones educativas el absoluto respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como prioritarios frente a cualquier otro u otros derechos, así como para vigilar su cumplimiento. El reglamento escolar que se expida para el funcionamiento de cada centro educativo, deberá atender al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes”. Más claro ni el agua.

Me gustaría mucho que los docentes y todos quienes trabajamos al servicio de la educación conociéramos a plenitud las leyes y los reglamentos que protegen a niñas, niños y adolescentes. Es el artículo sexto de la ley de Educación en nuestro estado la pieza medular que nos indica legalmente que lo más importante que hay en los centros escolares son los alumnos. Esto es, por encima de cualquier derecho, por encima de cualquier adulto y por encima de cualquier ley que limite la protección de los alumnos.

Me pesa mucho que exista la ignorancia de aquéllos que son los principales responsables, en la casa y en la escuela, de velar por el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aunque esa ignorancia no los excluye de responsabilidad  en la no aplicación de todas estas normas. 

Cuando me encuentro con un caso en el que un alumno es el centro de atención para protegerlo no me tiembla la mano en enfrentarme a quien sea y a lo que sea por defender su derecho. No me cansaré de insistir el tiempo que esté en la función pública y en las aulas, de que las leyes que facultan la protección de los derechos humanos de nuestros alumnos son sagradas, se hicieron para cumplirse, para educar al entorno de la escuela, para que las comprenda y se sume a su cumplimiento. Ninguna ley que proteja a un alumno deberá estar sujeta a negociación, pues al hacerlo, se comete en automático el delito de omisión, descrito en las sanciones del orden administrativo y en el Código Penal. La omisión, casi siempre, hay que recordarlo, es garantía de complicidad.