PARACAÍDAS

ROGELIO GUEDEA | Opinión | 27/10/2016

EL OSAFIG Y LOS DERECHOS HUMANOS

Hace unos días el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) emitió, a través de Armando Zamora González, su titular, los resultados a una auditoría excepcional realizada a la administración del ex gobernador Mario Anguiano. Estos resultados arrojaron cifras adversas a la gestión anguianista y a muchos de sus colaboradores, señalándose incluso un desvío de 2 mil millones de pesos.

Los medios de comunicación aliados al gobierno en turno, por un lado, y los que han sido duros enemigos de la gestión anguianista, por otro, utilizaron esta información para realizar una especie de juicio sumarísimo de pena de muerte y linchamiento público sobre todos los nombres aparecidos en los resultados del Osafig, entre ellos los del propio Mario Anguiano, Rafael Gutiérrez, Blanca Isabel Ávalos, René González, Gustavo Allen, etcétera. Asimismo, aparecieron delicadas incriminaciones a Rogelio Rueda, dirigente estatal priista, y al actual coordinador de la bancada rojiblanca en el Congreso, Federico Rangel Lozano, quien fungiera como secretario de educación y a quien se le acusa de ser el creador de una nómina abultada de “aviadores” que cobraban en varias nóminas estatales por al parecer funciones no permitidas por la ley.

Hay que decir que en esta lista de “aviadores” aparecen muchos funcionarios de la actual administración, entre ellos Fernando Cruz, coordinador de Comunicación Social del gobierno del Estado. No creo que nadie en su sano juicio puede criticar negativamente la labor de fondo llevada a cabo por el Osafig, órgano que, por lo demás, no es infalible. La responsabilidad de este Órgano es, en esencia, verificar que los dineros públicos de todos los colimenses hayan tenido un destino adecuado y se hayan aplicado de manera transparente, y eso es lo que sin duda ha hecho el Osafig, con todo y que se le ha desacreditado o alabado según los intereses de quienes salieron bien o mal librados de la auditoría. Sin embargo, el problema no está esencialmente en su función de fondo sino en la forma en que ha ventilado un problema tan delicado como el de acusar o no a funcionarios públicos de corruptos sin haberles dado la oportunidad de, antes de hacer pública cualquier determinación, poderse defender.

Esto es, ni duda cabe, en un país de instituciones democráticas y de principios republicanos, una violación a un derecho humano fundamental: el derecho de audiencia y debido proceso legal. Principio básico de la justicia es que, antes de juzgar cualquier hecho que involucre a dos o más partes, se escuchen los argumentos de cada una de ellas para entonces emitir una resolución final, misma que, ya lo sabemos, puede ser todavía revocada y enviada a una instancia superior para su confirmación, enmienda o revocación.

Hasta que se agoten todas las instancias de un proceso y se declare culpable o no a un sujeto de derecho es que podemos juzgarlo no sólo legal sino, incluso, moralmente. Antes, no. Lo que ha ocasionado con estos resultados el Osafig, por tanto, es dar pie a que la presunción de inocencia de todos los implicados en esta auditoría se quiebre y, al quebrarse, se emita un juicio condenatorio contra muchas personas de buena reputación y no menos honorable fama pública. A mi celular, por ejemplo, llegó una llamada de una amiga maestra que me dijo, muy estresada por cierto, que había aparecido en los resultados del Osafig acusada de recibir una cantidad millonaria que jamás recibió. Mi amiga maestra no sabía qué hacer pero advertía daños en su propia imagen pública: ¿qué pensarán -dijo- los padres de mis alumnos?

La sociedad no puede darle a los medios de comunicación (cuya mayoría actúa por intereses) la calidad que tienen los verdaderos órganos de justicia de nuestra entidad y país. Si Mario Anguiano (persona non grata del actual gobierno) o Rogelio Rueda (protegido de la actual administración) o Fernando Cruz (parte del gabinete de Nacho Peralta) resultan culpables de esa malversación que se le acusa, que se le aplique la ley, pero luego de que se siga un debido proceso legal y éste no convierta a los medios de comunicación ni en tribunales de justicia ni a la sociedad en jueces invulnerables.