BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 04/10/2016

IEE, DESACREDITADO PARA EL 2018

En una sentencia a todas luces insuficiente y laxa, el Instituto Nacional Electoral (INE) propuso suspender 30 días a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, por incurrir en “negligencia, ineptitud y descuido”.

El motivo de la sanción no es menor: Valladares Anguiano informó erróneamente, en una entrevista radiofónica a nivel nacional con Joaquín López Dóriga, que el conteo final de votos de la elección ordinaria para gobernador favorecía a Jorge Luis Preciado con 495 votos.

Posteriormente, los hechos demostraron –y así lo determinó el INE-- que la presidenta del IEE “actuó con negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones, al haber dado a conocer, de forma anticipada y a través de un medio de comunicación social, resultados electorales imprecisos y equivocados”.

La falta de la presidenta del IEE ameritaba su destitución, de acuerdo al artículo 102, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, la mayoría de los consejeros electorales del INE –a lo mejor para curarse de salud en caso de incurrir en un error similar-- determinaron aplicar una ley supletoria, esto un año y cuatro meses después de ocurrida la falta.

Bien dimensionado, el error de Valladares Anguiano generó confusión en el electorado y sumió en la incertidumbre un proceso electoral que se definió por una diferencia de 503 sufragios a favor de Ignacio Peralta, violando así un principio fundamental dentro de un organismo electoral: el de la certidumbre.

Además de su comprobada “ineptitud” y “negligencia”, Valladares Anguiano es señalada por hostigar a trabajadores del instituto y por impedir que periodistas informen a la población. Víctima de su protagonismo, la presencia de Felícitas Valladares genera incertidumbre y desconfianza en el proceso electoral del 2018, y debilita la institución a su cargo.

Dos puntos
El caso de Valladares Anguiano ejemplifica la necesidad de aplicar la ley con vigor. Ojalá su caso no se repita en los más de 35 funcionarios y ex funcionarios estatales que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) propone sancionar e inhabilitar.