En acalorada sesión del Congreso del Estado, por 13 votos a favor y 11 en contra, la LVIII Legislatura local aprobó continuar con el proceso sancionador en contra de ex funcionarios estatales de la administración anterior, incluido el ex Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno.
El dictamen, presentado por la Comisión de Hacienda, acepta que esta Soberanía continue con el proceso sancionador en contra de Mario Anguiano Moreno, el ex Secretario General de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, Blanca Isabel Ávalos Fernández, ex Secretaria de Finanzas y Administración; Adriana Elizabeth Vargas Valle, Directora General de Egresos; Jorge Anguiano Olmos, Director de Presupuesto; y Ricardo Miguel Arteaga González, entonces Coordinador General de la Dirección General de Egresos y posteriormente Director de Presupuesto.
A cada de uno de ellos, se les imputan presuntos actos y omisiones administrativas, que causaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública del Estado de Colima.
Mario Anguiano Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos, Blanca Isabel Ávalos Fernández, Adriana Elizabeth Vargas Valle y Jorge Anguiano Olmos, se les impone en conjunto una sanción económica directa y en partes iguales y subsidiaria para cada uno de ellos, hasta por la cantidad de $638 millones de pesos, equivalentes a los daños ocasionados.
De acuerdo al dictamen, Anguiano Moreno podría alcanzar una inhabilitación de 14 años; Rafael Gutiérrez a su vez una inhabilitación de 6 años; Ávalos Fernández, Jorge Anguiano Olmos y Adriana Elizabeth Vargas de hasta 10 años, respectivamente.
Dentro del dictamen que se presentó ante el pleno también se hablaba de la posible incautación de inmuebles a los implicados, esto, ante la discusión de los legisladores fue retirado del dictamen.
La discusión se dio principalmente porque los legisladores del PRI, PT y PANAL consideraban que si bien es necesario pugnar porque si hubo irregularidades de parte de los ex funcionarios, el proceso no estaba llevándose a cabo de manera legal pues hasta ese momento no se había permitido que los presuntos inculpados pudieran defenderse, por lo que consideraron como una “arbitrariedad” del Poder Legislativo acusarlos.
En este tenor, los panistas quienes aprobaban de manera directa el dictamen aseguraron que el proceso para las sanciones y posibles inhabilitaciones son en etapas y que esta era solo una de ellas, faltando aún la dictaminación del mismo asunto por parte de la Comisión de Responsabilidades, en donde precisaron los inculpados podrían defenderse.
Con este dictamen, también se aprobó que el Congreso del Estado presenté como tercero implicado la denuncia penal correspondiente en contra de los ex funcionarios arriba mencionados, tal y como en su momento lo hiciere el propio Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental (OSAFIG).
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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