Interponen 9 solicitudes de juicios políticos en el Congreso

PEDRO PUENTE PÉREZ | Colima | 14/01/2016

Nueve solicitudes de juicios políticos contra servidores públicos han interpuesto en presente Legislatura. Los más destacados son contra el ex gobernador Mario Anguiano Moreno; el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava y el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González.

La presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado, Martha Sosa Govea, dijo que los procesos de juicios políticos están en su trámite y siguen su curso; “No vamos ni a proteger ni quemar en la hoguera a nadie, vamos actuar como nos marca el estado de derecho, apegarnos a la ley”.

Señaló que el juicio político contra el ex gobernador Mario Anguiano, fue interpuesto el 30 de septiembre de 2015, ratificado el 17 de noviembre, y turnando a la Comisión de Responsabilidades.

El 15 de diciembre fue emplazado el ex gobernador, el 17 de diciembre presentó un escrito en el cual solicitó copia certificada de las pruebas adjuntas, mismo que se admitió el 11 de enero de este año y se entregaron las copias el 12 de enero.

A partir de ese momento se cuenta un término de siete días naturales para que dé respuesta a la primera comunicación del Congreso.

El otro juicio político lo interpuso el ciudadano Francisco Javier Osorio Medina, contra del actual secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa González. La petición se recibió el 7 de enero, y ayer fue turnada formalmente a la Comisión de Responsabilidades.

Añadió que el otro juicio político fue interpuesto por un grupo de estudiantes contra el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, por cubrir actos ilegales de sus antecesores. El 16 de diciembre, fue turnado a la comisión correspondiente.

A pregunta expresa, dijo que los juicios políticos llevan su propia dinámica, porque cada etapa puede prologarse si lo solicitan las partes, y lo acuerda la Comisión de Responsabilidades. No hay términos fatales.

Enfatizó que los juicios políticos sientan un precedente político y social, para encauzar el comportamiento de los servidores públicos. Aunque las sanciones inmediatas son administrativas, pueden derivarse en actos penales.