Comala, Col. Socios pertenecientes al Fondo Regional Náhuatl de Colima S.C., ubicada en Suchitlán, del municipio de Comala y encabezados por Marco Octavio Díaz Manzo, denunciaron públicamente lo que consideran diversas irregularidades cometidas por la Directiva de este fondo, principalmente de su Presidente, Pablo Alfredo Ceja Herrera y de la actual Contralora María Eugenia Cruz Montes.
Destaca que esta sociedad civil se conformó con el propósito de fomentar y gestionar proyectos productivos que sean pilotos del desarrollo sustentable de las comunidades indígenas en el estado de Colima, es por ello, señalan los denunciantes que se ha dado mal uso a los recursos que provienen principalmente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Es por ello, indican, entre las irregularidades está el otorgar proyectos a familiares directos y amigos cercanos de los miembros de la directiva; también señalan que se ha dado simulación de actos y disposición de dinero al solicitar a miembros de la comunidad toda la documentación que se requiere para un proyecto, señalándoles posteriormente que su proyecto no fue aprobado pero al paso del tiempo, se les notifica que además de aparecer en el registro del Fondo son deudores del préstamo otorgado, cuando en ningún momento les fue entregado el recurso correspondiente.
Además, denuncian que existe el caso de dos jóvenes estudiantes que no presentaron documentación para la presentación de proyectos, pero que fueron notificadas del adeudo que tienen con el Fondo al habérseles aprobado el proyecto, que nunca presentaron.
Existe también la condicionante por parte de la directiva que para la aprobación de los proyectos productivos deberán entregar una cierta cantidad de dinero; también mencionan que se cobra el dinero de los proyectos, en donde se les entrega un recibo hecho a mano sin que obre un documento oficial con el que el socio demuestre su pago respectivo.
También indican que desde la conformación del Fondo, en el año 2000, ha estado en las mismas manos de la socia fundadora María Eugenia Cruz Montes, quien ha fungido en diferentes cargos, no dejando “que personas originarias de la comunidad indígena tengan la posibilidad de dirigir un mejor destino de este fondo”.
Asegurando que han acudido a diversas instancias tanto federales y estatales como la propia CDI, gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezado por su titular Rigoberto Salazar Velasco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Congreso del Estado, principalmente con el Diputado Manuel Palacios Rodríguez como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, pero hasta el momento no han realizado ninguna acción.
Es por ello, que exigen la remoción de todos los miembros de la actual directiva, además de que se haga una investigación al Fondo Regional Náhuatl de Colima para dar a conocer el estado que guarda actualmente en materia de recursos.
Además de expulsar al asesor jurídico del Fondo, Juan Manuel Ibarra Morales, por causar graves perjuicios a los socios, tales como el requerimiento de dinero por notificarles y amenazas con embargos de su patrimonio familiar.
Destaca, finalmente que los denunciantes cuentan con 1 mil 500 firmas de la comunidad en donde apoyan el movimiento, pues no están de acuerdo con el manejo de los recursos.
Concluyen que exhortan al gobierno estatal para que envié un mediador para resolver estas inconformidades y se dé a conocer el destino de los recursos enviados por la CDI.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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