Ejidatarios de Ayotitlán no cometieron secuestro: CEDH

GUADALUPE CAMACHO | Colima | 29/07/2015

*La PGJE tiene la facultad legal para desistirse de la acción penal en contra de los detenidos, asegura Roberto Chapula

Luego de que los 34 ejidatarios de Ayotitlán, detenidos tras el desalojo en la empresa minera Peña Colorada, fueran acusados de secuestro consumado, despojo y daños, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Roberto Chapula de la Mora, señaló que los detenidos no incurrieron en el delito de secuestro.

Entrevistado al respecto de esta situación, el ombudsman colimense sostuvo que sólo se trató de una privación de la libertad, y que se trató de un caso de carácter social.

“Una cosa es privación de la libertad y otra es secuestro; ahí no hay secuestro, porque no están condicionando a nadie al pago de algo que tengan que dar. Es otra modalidad, hay privación de la libertad pero secuestro no se da”, apuntó.

En ese sentido, Chapula de la Mora aclaró que los ejidatarios están pidiendo su libertad y están en todo su derecho, pues se trata de problemas de carácter social. Asimismo, indicó que el procurador del estado, Marcos Santana Montes, tiene plena facultad para desistirse de la acción penal en contra de los detenidos.

“El procurador de Justicia tiene la facultad legal de desistirse del ejercicio de la acción penal, se puede desistir, o el juez también, al analizar las constancias procesales, puede decir no hay delito y ordenar la libertad. Cualquiera de las situaciones (son viables) Son gente humilde, de campo, cuando son engañados o les enajenan la mente, les arman las manos con la esperanza de que va a haber algo económico; frente a eso, el problema es social”, sostuvo.

Para concluir y sobre los señalamientos del procurador de Justicia, al declarar que los detenidos podrían alcanzar una pena de 40 años de prisión, Roberto Chapula comentó que “él no tiene facultades para eso, pues el Ministerio Público conoce los hechos delictivos, investiga y consigna al juez, pero sólo el Poder Judicial del estado es el único facultado para determinar si se cometió un delito”.