El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora, informó que están investigando el desalojo de los ejidatarios de Ayotitlán del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, para determinar si los policías violentaron los derechos humanos.
El miércoles 22 de julio, los ejidatarios acudieron a la empresa minera para exigir el pago de los terrenos rentados, horas después elementos policiacos los retiraron del lugar a la fuerza, dejando el saldo de 34 personas detenidas, así como manifestantes y policías heridos.
Roberto Chapula dijo que tras el incidente acudió durante tres días a Peña Colorada, ubicada en Minatitlán, en donde se hizo llegar de información de los hechos ocurridos el miércoles 22 de julio.
En una ocasión acudió en compañía de dos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para conocer sobre el caso.
Indicó que personas de Ayotitlán, Jalisco, fueron a la CDHEC a presentar una queja por la agresión de los elementos policiacos, pero además el organismo abrió de oficio una queja con la publicación en los medios de comunicación.
Mencionó que platicó con los campesinos que acudieron al organismo, acompañados de un abogado de la Comisión Nacional Indigenista.
“Me comentaban que se constituyeron en la empresa, un grupo de aproximadamente 300 personas entre ejidatarios y sus familias, porque la mayoría no creían que la compañía no le había pagado a los líderes, por lo que había molestia en contra de los dirigentes”.
Se presentaron en el lugar para conocer de manera directa que no les habían depositado el importe de la renta de los terrenos correspondiente a este año.
En ese momento, Peña Colorada les depositó el dinero, por lo que se dieron cuenta que los dirigentes ejidatarios no se habían quedado con el dinero.
“Me dijeron que no entraron de manera violenta sino que les abrieron la puerta, aunque al calor de la discusión se alzaban la voz, en eso llega la policía y los detiene a todos, se arma un conato de violencia, hubo agresiones de las dos partes y se los llevaron detenidos”.
Dijo que luego la CNDH remitió vía correo electrónico un escrito de queja enviado por el abogado de los ejidatarios. El organismo nacional remitió la queja al local porque presumiblemente no intervinieron autoridades federales en la detención de los campesinos.
Ante lo anterior el visitador se constituyó en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para pedir información sobre los detenidos.
La Procuraduría integró las averiguaciones previas correspondientes y ejercitó la acción penal por diferentes delitos, siendo la autoridad judicial la facultada para determinar los hechos constitutivos de delitos y quienes son los probables responsables. El juez será el que determine si los deja en libertad o dicta auto de formal prisión.
Puntualizó que están esperando que los juzgados resuelvan la situación jurídica de los 34 detenidos, y un auxiliar de visitaduría de la CDHEC está recibiendo las declaraciones de los 34 detenidos para conocer los hechos, “nos interesa investigar a fondo para determinar si hubo o no violación a los derechos humanos”.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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