El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Chapula de la Mora, aseguró que la iniciativa de ley que propone la instalación de video cámaras en los lugares donde se da la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, no atenta contra los derechos humanos.
Reunido en la sede del Congreso del Estado con abogados y con Martín Flores Castañeda, presidente de la Comisión de Gobierno Interno, el ombudsman aseguró que contar con video vigilancia en lugares como bares y centros nocturnos, no genera ningún tipo de problema, al contrario, protege más los negocios y sus clientes.
“No se afecta la dignidad, la tranquilidad, ni la privacidad de nadie. Las cámaras ya existen, y un 60 por ciento de los negocios ya las tienen”, aseguró.
Por su parte, el diputado Martín Flores explicó el objetivo principal de la iniciativa de reforma a la Ley que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Colima, que pretende establecer la obligación de instalar sistemas de video vigilancia al interior y al exterior de los negocios donde se venden y consumen ese tipo de bebidas.
Flores Castañeda indicó que una gran cantidad de la incidencia delictiva se realiza en donde se consumen bebidas alcohólicas, ya que bajo los efectos del alcohol se realizan riñas, hechos de sangre, robos y hasta homicidios, por lo que con las cámaras de vigilancia se podrá identificar a quienes cometen algún hecho delictivo.
Expresó que la iniciativa tiene como objetivo principal darle tranquilidad y seguridad a quienes acudan a esos establecimientos, pero sin violentar su privacidad, porque las imágenes y sonido que se capten por las cámaras de vigilancia estarán regulados. Dijo que las videocámaras de los giros contemplados en la iniciativa estarían interconectadas con el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, para que cuando el negocio accione su botón de pánico ante la ocurrencia de algún hecho delictivo, en ese momento el C4 active el monitoreo y desde ahí observe lo que sucede.
En ese sentido, apuntó que el C4 no monitoreará de manera permanente a los giros cuyas videocámaras estarán interconectadas, sólo se hará el monitoreo cuando el establecimiento lo solicite y en las cámaras que la empresa autorice.
Flores Castañeda mencionó que la propia reforma a ley podría establecer estímulos fiscales, para que los empresarios tengan mayores facilidades en la implementación de la medida, pudiendo ser descuentos en el costo de la expedición de la licencia municipal en los tres años siguientes a la instalación de las videocámaras.
En la reunión de trabajo participaron también los abogados Alan Castillo Cobian, de la Secretaría de Fomento Económico; Nancy Paola Martínez, de la Secretaría de Finanzas y Administración; Margarita Puente de la Mora, con Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología; Jessica Cristina Romero, investigadora de la Universidad de Colima, y J. Dolores García Sosa, de la Secretaría General de Gobierno.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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