Impera corrupción en el Poder Judicial: González Chacón

PEDRO PUENTE PÉREZ | Colima | 23/10/2014

*Juez no respeta embargo laboral y desaloja a familia de su casa *La justicia no se aplica por jueces probos y honrados

El juez Segundo de lo Mercantil, Roberto Sánchez Aguirre, no respetó un embargo laboral que tenía la propiedad del señor Miguel Cerna Campos y ordenó su desalojo por un proceso mercantil que se lleva en su contra, cuando legalmente el proceso laboral es preferente a cualquier otro que se tenga.

Lo anterior fue dado a conocer por el abogado Manuel González Chacón, quien consideró que en un estado tan pequeño como es Colima resulta totalmente increíble que todavía se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos, “porque este es un asunto que demuestra la corrupción que impera en el Poder Judicial del Estado, llámese juzgados civiles, penales o administrativos”.

Indicó que en el caso de Miguel Cerna Campos “me repugna como se ha venido manejando la situación, porque su asunto deriva de un crédito de 50 mil pesos, los cuales fueron pagados ante el Juzgado Segundo de lo Mercantil de esta ciudad, cuyo titular era el licenciado Pedro Luna y en lugar de aplicarlos como pago del crédito los aplicaron a intereses y resulta que la cuenta se hizo impagable”.

Señaló que en este caso se presenta el delito de usura, por lo que “se dio intervención al Ministerio Público porque los 50 mil pesos los cargaron a intereses del 10% y a pesar que se denunció, el Ministerio Público archivó la averiguación porque no había delito, cuando el delito de usura lo establece el artículo 234 fracción segunda del código penal señala que cualquier persona que obtiene un interés superior al 3% en un acto mercantil comete el delito de fraude en su modalidad de usura”.

Denunció que a pesar de eso el Ministerio Público archivó (el expediente) “y eso es sintomático que hay corrupción en el estado, no obstante eso se llevó el asunto y actualmente se remató el inmueble”.

González Chacón mencionó que lo grave del asunto es que Miguel fue lanzado con lujo de fuerza y de manera prepotente por parte del mismo juzgado 2 de lo mercantil, pero ahora el titular es el licenciado Roberto Sánchez Aguirre.

Dio a conocer que la propiedad de Miguel Cerna tenía un embargo por una ejecución de tipo laboral, “y los conflictos laborales son preferentes a cualquier otro crédito, sin embargo el juez ordenó el desalojo sin respetar el embargo laboral que ya existía, en donde el demandado era depositario del bien inmueble y como tal no debió habérsele sacado”.

Aseguró que “el juez que ordenó ese lanzamiento está cometiendo el delito de abuso de autoridad y debe castigarse por los juzgados penales, porque si Colima se precia de ser un estado en donde hay tranquilidad y respeto a los derechos humanos, debe de resolver este asunto de Miguel Cerna Campos y este es un ejemplo que la justicia no se aplica por jueces probos y honrados”.

Indicó que el daño causado a Miguel Cerna y familia es irreversible y le toca a la Junta de Conciliación y Arbitraje notificar a las autoridades que ordenaron el indebido desalojo que respete la depositaría y lo regresen a la situación en la que estaba, porque el crédito laboral es preferente a cualquier otro, inclusive aun en el caso que el embargo se haya practicado de manera posterior a los embargos que ya tenía el inmueble.

“Puedo afirmar si realmente se quiere hacer justicia, las autoridades competentes de estado deben actuar de manera inmediata restituyendo a Miguel y su familia en la posesión del inmueble porque tenía el carácter de depositario”, dijo.

Consideró que si bien en cierto que el presidente del STJE no tiene intervención en el asunto, también lo es que existió un oficio de presidente de la Junta de Conciliación en el que notificaba al Juez que ya había habido un embargo laboral en el cual se había nombrado depositario a Miguel Cerna Campos e hicieron caso omiso, “entonces si el presidente no lo sabía ahora lo tiene que saber de que tiene que intervenir y aplicar la ley en perjuicio de su subordinado, porque no se puede violar la ley porque se acabaría con la seguridad y si no hay seguridad en la ley que la norma se cumpla volvemos a la ley de la selva”.