El martes votará Congreso de la Unión la desaparición de Poderes en Guerrero

GUADALUPE CAMACHO | Colima | 17/10/2014

*Diferentes organismos califican los hechos de Ayotzinapa como crímenes de lesa humanidad: Jorge Luis Preciado

El Congreso de la Unión votará, el próximo martes, la propuesta de desaparición de Poderes en el estado de Guerrero, adelantó el senador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez.

En entrevista con los medios de comunicación, Preciado Rodríguez señaló que tras la masacre de estudiantes normalistas en Ayotzinapa ese estado está inmerso en un caos, con tomas de los 82 ayuntamientos, múltiples manifestaciones, parálisis de la economía y cancelación de hasta 70% de las reservas a hoteles de la entidad.

“En el estado de Guerrero, de lo que va de enero a agosto, hay mil 29 homicidios dolosos que nos lleva a plantear que hay un estado de ingobernabilidad. Estuvimos esperando a que el gobierno federal diera una explicación, que el gobierno de Guerrero denunciara a los responsables o por lo menos se encontraran a los 43 jóvenes desaparecidos y no se ha hecho nada”, resaltó el legislador.

La finalidad, explicó el coordinador panista en el Senado, es declarar que no existen poderes en funcionamiento en Guerrero y por lo tanto se procederá al cambio de gobernador, diputados locales y magistrados del tribunal de justicia. La renuncia del gobernador (Ángel Aguirre) suspende los efectos de la desaparición de poderes y creo que sería una salida muy digna para él y no esperar a que el Senado lo eche”, sostuvo.

A pesar de considerar que la desaparición de poderes no resuelve el problema de fondo porque ello tiene que ver la pobreza y la educación, “sobre todo, el problema mayor es el narcotráfico infiltrado en el gobierno; hoy despachan desde las presidencias municipales, tienen el control de la Policía Municipal y estatal”.

Además, el legislador federal comentó que tras estos hechos han surgido señalamientos de organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización Human Watch Rights, la ONU y la comunidad europea, las cuales han calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad.