Tortura queda impune en Colima: Fernando Antero

GUADALUPE CAMACHO | Colima | 18/09/2014

*Crecen caso de tortura a jóvenes por su apariencia física o vestimenta *De 340 denuncias, ninguna ha terminado en la detención del elemento que ejerció tortura en contra del ciudadano

Para el diputado panista Fernando Antero Valle, en el estado de Colima los actos de tortura quedan impunes, pues ninguna denuncia de este ilícito ha derivado en la detención del funcionario que incurrió en ella.

“Estamos diciendo que hay una impunidad sobre el acto de tortura que se deriva. El 57% de ellas directamente a la PGJE y otro tanto a la Secretaría de Seguridad Pública pero ninguna derivó en una acción de responsabilidad del servidor público, es decir, de todas las denuncias presentadas, no ha habido un solo caso de detención de un elemento incurrido en este tipo de prácticas”, argumentó.

En rueda de prensa para dar detalles sobre la presentación de su iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, el legislador local señaló que también han aumento los casos de detenciones arbitrarias y tortura en contra de jóvenes sólo por su apariencia física.

“Otro acto de preocupación es que muchos de los actos se están dirigiendo a jóvenes por su vestimenta, por su apariencia física, son sujetos de arbitrariedades, inclusive de lesiones, golpes, de detenciones arbitrarias que derivan en tortura y pasan hasta dos o tres días en centros clandestinos de detención sufriendo golpes y lesiones”.

Dentro de su propuesta, Antero Valle señala que los casos que se presentan con mayor regularidad en Colima son violación a la integridad y seguridad personal; detención ilegal y abuso de la autoridad; allanamiento de morada; violación de los derechos de los reclusos, así como hostigamiento, lesiones y amenazas.

“Los colimenses no merecemos este tratamiento inhumano. Ni uno solo de los ciudadanos colimenses tendría por qué experimentar actos de este tipo, eso es lo que estamos defendiendo, y lo que tratamos de erradicar de manera definitiva, con medidas concretas que introducimos en la presente Ley” declaró.

Agregó que sólo en el 2013 hubo 340 denuncias sobre los hechos antes mencionados, los cuales representan un 48% de su totalidad, “por lo que nos preocupa mucho que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima tenga un registro de ellas por hechos violatorios a los derechos humanos, a la tortura y otros actos similares, que están siendo cometidos por las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública”.

La iniciativa incluye la instalación de un sistema cerrado de video vigilancia en todos los centros de detención, el cual debe ser operado por la CEDH, la prohibición de lugares no autorizados para detenciones, la garantía de que toda persona privada de su libertad acceda en cualquier momento a un teléfono público, con cuando menos una llamada gratuita, sin excepción, y la obligación de la autoridad de avisar a familiar o persona cercana.

Para concluir, el diputado local recalcó que se aplicará prisión de tres a 12 años y multa de 50 a 500 salarios mínimos a quien cometa los presentes delitos, “y se aumentarán una mitad cuando se cometan en prejuicio de menores de edad o personas que no tienen capacidad de comprender el significado”.