*El concepto del cobro por siniestralidad debe ser destinado a los bomberos, no a PC: Francisco Rodríguez
El diputado perredista Francisco Rodríguez García calificó como irresponsables las declaraciones del tesorero municipal de Villa de Álvarez, Héctor Manuel Peregrina Sánchez, quien señaló que el ayuntamiento no está obligado a pagar recursos por concepto de siniestralidad al cuerpo de bomberos.
“Carece de argumentos, es falso que no esté obligado, hay un decreto desde el 2005 y reformado en 2007, dice que ese recurso que se cobra a los negocios debe ser destinado a los cuerpos de voluntarios, como los bomberos, así lo establece. Si él dice que no está obligado, está diciendo que la resolución de la CEDH no fue apegada a la legalidad, la declaración del tesorero, con todo respeto, fue irresponsable de su parte”, reviró el legislador.
El coordinador de los diputados del PRD en el Congreso local comentó que en este asunto, lo importante es “que el ayuntamiento no rehúse a esa obligación, y acuda al Congreso a aclarar las circunstancias. Si el tesorero tiene otra perspectiva, otra visión jurídica al respecto, pues que la confronte con nosotros” instó.
Para Rodríguez García, la Dirección de Protección Civil “aunque tenga voluntarios, en esencia es burocracia. Y cuando fue probado el decreto fue con la finalidad de que se les destinaran los recursos a los bomberos, y así se venía haciendo con tradición. Tan es así que la mitad del adeudo corresponde a la administración de Kike Rojas, es decir que los demás ayuntamientos estaban equivocados y ellos no”, cuestionó el diputado.
En ese sentido, reiteró que “si el ayuntamiento quiere destinar recursos a Protección Civil, que lo hagan de su presupuesto ordinario, pero este servicio de siniestralidad es para los bomberos”.
“Consideramos una actitud poco responsable, con poca sensibilidad social y poca prioridad del gobierno de Kike Rijas que no ha atendido esta demanda. Creo que se debe tener una mejor conciencia ahí, Además que ha hecho gastos en cuestiones no tan importantes como la que se trata. No le acude la razón al ayuntamiento, ni política ni jurídica ni social”, alegó.
El legislador perredista insistió en que el OSAFIG ha detectado la irregularidad “pero no ha sancionado o recomendado para que la Comisión de Hacienda del Congreso haga lo propio”.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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