Acusan de tráfico de influencias a jueza de lo Familiar en asunto de custodia de una menor

GUADALUPE CAMACHO | Colima | 26/03/2014

*El tío de la niña de 4 años señala irregularidades en el proceso por parte de la abuela materna y la titular del Juzgado

Jorge Lamas acudió a los medios de comunicación para denunciar el supuesto tráfico de influencias ejercido por parte de la señora María Elena Torres Aragón y la titular del Juzgado Primero de lo Familiar, Ernestina Arroyo Brizuela, en el caso del proceso de custodia definitiva de su sobrina, Karla Lamas Torres, de apenas 4 años de edad.

El visiblemente preocupado tío acusó a la jueza de haber caído en distintas irregularidades desde el principio del proceso, pues “desde el principio, cunado Karla tenía dos año, nosotros fuimos al DIF a pedir apoyo porque los padres no se podían hacer cargo de la niña; necesitaban apoyo económico. Y ahí comenzó la pesadilla, en lugar de ayudarnos, nos la quitaron por dos años y se la llevaron a un refugio, del cual nunca supimos nada, pues durante ese tiempo no se nos permitió visitar a la niña. Luego nos enteramos de que supuestamente ese tiempo mi sobrina fue entregada, ilegalmente, a su abuela materna, la señora María Elena Torres Aragón”.

Al término de ese tiempo, relató Jorge Lamas, la pequeña Karla fue entregada en custodia definitiva a sus abuelos paternos. “Cuando mis padres ya tenían a la niña con ellos, se vieron en la necesidad de interponer denuncias en contra de la abuela de Karla por secuestro en contra de su propia hija, amenazas de muerte a mi familia, e intento de homicidio, pues incluso la señora fue sorprendida repartiendo dulces con veneno para ratas a mis otros sobrinos en casa de mis papás”.

Jorge explicó que estas denuncias estás registradas en los números de las averiguaciones previas M2-214-014 por secuestro, y la M4-63-2014, por amenazas de muerte. “Pero la jueza, lejos de escucharnos, nos acusó de maltrato infantil, sin ninguna prueba científica, no hay ninguna prueba en nuestra contra, sólo un juicio moral. Así que comenzaron una persecución que nos ha hecho huir del estado. Nosotros pedimos cambiar a la jueza pero no pudimos, y fue entonces que les revocó la custodia a mis padres y se la entregó a María Elena Torres Aragón”.

De la misma forma, señaló, a Torres Aragón le fue otorgado un poder para interponer una denuncia por la desaparición de la menor, puesto que la familia ya había salido de Colima, con el fin de evitar entregar a la pequeña. “Nosotros estamos amparándonos en el interés superior de la niña, por esos nos la llevamos. Yo les pregunto, si van a regresar a la niña a un personaje con estas características y después de estos hechos; ayer todavía estaban rondando nuestra casa personas ajenas, no son judiciales”, advirtió Jorge.

Legalmente, mi madre no ha sido requerida, pues “durante estos seis meses metimos recursos de apelación, no hemos dejado el contacto con la jueza, le decimos que ella no es ni trabajadora social ni abogada, y que necesita pruebas para acusarnos de algún delito en contra de la niña, pero la denuncia por desaparición sigue vigente”.

Jorge Lamas comentó que intentó en varias ocasiones hablar con la presidenta del DIF Estatal pero nunca fui recibido, “nosotros no tenemos inconveniente de que conviva con demás familiares, pero que se respeten los derechos de la niña. Simplemente alegamos que no hay motivos comprobables para que nos la hayan quitado”, concluyó.

“Sólo pedimos un ambiente sano, que se relacione con su familia, con sus padres; ellos necesitan ayuda, tienen problemas relacionados con la pobreza extrema, como violencia y drogadicción. Si no puede estar con sus padres, mis papás son una buena opción, incluso sus padrinos, pero la señora María Elena Torres no tiene ningún familiar, sólo su hija (la mamá de Karla), con quien no tiene una relación cercana, hay acusaciones mutuas entre ellas. Nosotros sólo pedimos garantías, no podemos regresarla a una persona como su abuela; Karla tiene una red familiar que la quiere y la puede cuidar”, concluyó.