En caso de que alguna dependencia federal autorice la instalación de alguna empresa para explotar la mina de oro en la comunidad indígena de Zacualpan, el gobierno del estado, dentro de su competencia, revisaría la legalidad de los permisos correspondientes, los cuales le corresponde extender a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Lo anterior fue dado a conocer por el Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, quien aseguró que hasta el momento como gobierno estatal no se puede fijar un posicionamiento debido a que no se cuenta con ninguna información oficial al respecto.
Indicó que hasta el momento lo que se conoce es que existe una inconformidad social respecto del interés de un particular por explotar una mina de oro, por l que, dijo, esperarán a recibir el planteamiento correspondiente para tener elementos que le permitan emitir un posicionamiento al respecto de su posible entrada en operación.
Rueda Sánchez mencionó que antes que nada los primeros que tienen que tomar la decisión para la instalación y entrada en operación de una mina de oro, son los propios integrantes de la comunidad, ya que aunque se hubiera hecho el denuncio, y se obtenga una concesión minera para su explotación de esos recursos, debe ocurrir que han de ser los dueños del predio.
Confirmó que podría ocurrir que los concesionarios no sean los propietarios del terreno, entonces se debe construir un acuerdo con los dueños, aunque aclaró que en este caso, no se conoce exactamente cual es el predio involucrado ni de quien es propiedad.
El funcionario estatal agregó que si el terreno es propiedad de la comunidad de Zacualpan, “requieren una autorización de los comuneros, para aprovechar, hacer la excavación y realizar la explotación minera, también ser requieren las autorizaciones ambientales, para que los trabajos que se ejecuten no afecten el equilibrio ecológico ni dañen el medio ambiente”.
Rueda Sánchez mencionó que se sabe que en la zona en donde se quiere abrir la mina de oro se encuentran los manantiales que proveen de agua a la zona urbana “y por eso será uno de los aspectos que deberá revisarse con absoluto cuidado de que al presentarse la Manifestación de Impacto, realmente se verifique que no se dañaría el abasto de agua”.
Refirió que los permisos los aprueba SEMARNAT, y PROFEPA iría a verificar que se ejecuten conforme a las autorizaciones iniciales y si se salen de la normatividad, entrar a regular esos trabajos, pero insistió en que no tiene información de que se haya otorgado ningún permiso.
Agregó que “esos temas (la posibilidad de que se instale una mina) se discutan con transparencia, en el seno de la asamblea de la Comunidad, porque así es como toman las decisiones este grupo social, los comuneros son quienes deben revisarlo y hacerlo con argumentos sólidos”.
Rueda Sánchez pidió respeto a la vida interna, costumbres y usos de los indígenas de Zacualpan.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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