Luego de la desaparición forzada del activista social Celedonio Monroy Prudecio, el presidente de la organización ambientalista Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos denunció que todos los activistas sociales no estamos libres de evitar ser detenidos, desaparecidos, esto debido a que las autoridades no muestran interés para resolver los casos de las desapariciones forzadas.
Aunque dijo no tener temor de ser víctima de una desaparición forzada, Martínez Campos señaló que exigen garantías, “lo hemos hecho patente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Creemos que hay una actitud de omisión en las atenciones cuando demandamos participación”.
El activista aclaró que hasta este momento no hemos tenido, cuando menos los que participamos en los centros urbanos, alguna amenaza o señal de que podamos ser agredidos”.
Lamentó que no se agreda a quienes públicamente hacemos las denuncias, “sino que se hace a activistas que están en sus comunidades o en lugares apartados de los centros urbanos. Esta es una constante permanente y en esta zona no queremos que se presente un caso, porque somos personas públicamente reconocidas”.
Pero dijo que hay otros activistas comunitarios vecinales o que tengan organizaciones comunitarias o rurales que si pueden ser sujetos de esta violación.
Gabriel Martínez dijo: “creemos que en el estado de Colima estaríamos siendo sujetos a la destimación o criminalización de la participación social y ciudadana”.
Es un fenómeno bastante terrible ya que parte de la criminalización de la protesta social que cualquiera de nosotros que somos activistas sociales o dirigentes de organizaciones civiles estamos expuestos.
Aseguró que el estado de derecho no aplica para quienes son defensores en materia de derechos humanos y que buscan mejorar las condiciones de desarrollo de sus comunidades.
Recordó que en el caso de Celedonio Monroy Prudencio, se debe a los conflictos limítrofes entre Colima y Jalisco.
Así mismo indicó que debido a que el conflicto limítrofe no ha sido resuelto el estado en que se encuentran las comunidades indígenas de Colima y Jalisco en esta zona es una situación en donde no hay estado de derecho.
Martínez Campos denunció que las mineras, que hay 3 en la zona limítrofe, son las que realizan las actividades de extracción de Mineral como son Peña Colorada, otra que es de Monterrey y una más que es ilegal y hace extracción permanente, “pero no hay ninguna presencia de las autoridades federales en materia ambiental, de salud, de caminos, de la seguridad y la defensa nacional que pueda poner en orden la violación de derechos humanos que se vive en toda esta zona”.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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