
*Los ayuntamientos deberá regularizar dichos establecimientos
El diputado Noé Pïnto de los Santos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, en rueda de prensa anunció que en la próxima sesión ordinaria, presentará una iniciativa de reforma al código penal, a fin de sancionar a los propietarios, poseedor o administradores de cualquier negocio o establecimiento que se dediquen a la compra, venta, compraventa o intercambio de mercancía robada.
Agregó que dichos establecimientos que se dediquen a vender objetos robados, se les impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de cuarenta a ciento veinte unidades, entre los establecimientos entran los bazares, casas de empeño, Yonkers , tianguis y todos los que tengan un establecimiento mercantil.
“Dicen que los adquieren de buena fe, pero en realidad los compran a un precio mucho más bajo de lo que es el valor comercial”, puntualizó el legislador local.
Puntualizó que si bien es cierto no se tiene conocimiento de la cantidad de establecimientos que se dedican este tipo de actividades, sí hay quienes les informan sobre el costo de los objetos que se venden en los establecimientos y entonces es cuando se comienzan a realizar las investigaciones pertinentes.
Noé Pinto expresó, que actualmente la ley contempla, en el artículo 239, que después de la ejecución del delito y sin haber participado en él, con ánimo de lucro, adquiera, reciba u oculte el producto del delito, si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegitima procedencia, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa hasta 40 unidades, por lo que reiteró que la propuesta es incrementar la pena.
“Se presentará una iniciativa que tiene por objeto penalizar con mayor rigor el delito denominado encubrimiento por recepción, el cual consiste entre otros aspectos, comprar objetos robados con el fin de obtener un lucro indebido, esto es, para revender los objetos robados”, subrayó Noé Pinto.
Señaló que esta acción legislativa deberá ir acompañada de otras acciones propias de los ayuntamientos, como lo es la debida regulación de estos establecimientos y en su caso, los medios para lograr su clausura permanente o revocación de licencias para el caso de que se acredite su participación en la comisión de este delitos.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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