Colima continuará actualizando sus legislaciones: Gobernador MAM

Administrador Colimapm | Colima | 13/11/2013

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la reforma realizada por el Congreso al Código Penal del estado, donde se tipificaba con diferentes penalidades los delitos de secuestro, trata de personas y secuestro express, el gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno aseveró que su administración acatará dicho fallo, pero resaltó que eso no frenará a la entidad en seguir actualizando y reformando las diversas legislaciones estatales.

Dijo que forma parte de la mística de su gobierno, impulsar reformas que le representen mayor utilidad a la sociedad, por lo cual, no hay mayor problema en asumir la disposición del máximo órgano de justicia en el país, que consideró esta invalidación de reformas llevadas a cabo en varios estados.

Mencionó que el equipo jurídico de la administración estatal revisa la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para precisar con exactitud qué parte de las iniciativas aprobadas por el Congreso de Colima, no están de acuerdo y proceder en consecuencia.

Precisó que tanto la administración colimense como el Congreso del estado, “no irán en contra de una institución como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, no obstante, destacó que su gobierno a través de la Legislatura Local, no frenará el continuar actualizando y reformando ordenamientos estatales de utilidad social.

Como se recordará el fin de semana anterior, por mayoría de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó improcedente la validez de reformas llevadas a cabo a los artículos 10, 161 y 199 del Código Penal del Estado de Colima, aprobadas por la legislatura estatal, asentando más penalidad al secuestro, secuestro exprés y trata de personas.

Al respecto la PGR interpuso una controversia constitucional, la cual fue analizada por la SCJN, quedando claro que “los congresos locales no tienen atribuciones para legislar en esta materia, precisando que todo lo concerniente a penalidades y sanciones por trata de personas y secuestro, son reservadas a la autoridad federal”.