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Si hubo tortura contra judiciales colimenses, CNDH emite recomendación contra SEMAR

Administrador Colimapm | Colima | 06/11/2013

*También PGJE pudiera recibir alguna recomendación por este hecho

Por considerar que la detención de los 31 agentes de la Policía Judicial de Colima fue de manera ilegal y, además, fueron víctimas de tortura, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra la Secretaría de Marina Armada de México.

Cabe recordar que en el mes de febrero del 2011 fueron detenidos en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Colima, 31 judiciales del estado, siendo procuradora Yolanda Verduzco Guzmán.

Al dar a conocer lo anterior, el presidente de la Comisión Estatal de derechos Humanos en el estado de Colima (CEDH), Roberto Chapula de la Mora explicó que la CNDH determinó que los judiciales fueron detenidos de manera ilegal violentando sus derechos humanos y sufriendo trato cruel por parte de los elementos de la Marina

“Fue una detención arbitraria porque se acreditó plenamente que no hubo responsabilidad de los judiciales sobre delitos”, dijo.

El Ombudsman local indicó que con esta recomendación la Procuraduría General de la República deberá hacer las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades a través de la contraloría interna de la SEMAR, así como de las conductas delictivas que se desprendan.

En ese sentido, recordó que el titular de la sexta región naval de la SEMAR era el almirante Jaime Mejía Michel, por lo que ya se están haciendo las denuncias correspondientes de la CNDH ante la Procuraduría de Justicia militar y ante la PGR.

Chapula de la Mora no descartó que también la PGJE pudiera recibir alguna recomendación por este hecho, ya que fue en las instalaciones donde se les citaron supuestamente para realizar un examen de control y confianza, sin embargo fueron entregados a los marinos.

Comentó que la CNDH presentará la denuncia correspondiente ante la PGR y será quien determine la existencia del delito y los posibles responsables que podrían ser acreedores a sanciones administrativas o hasta un juicio político.

Finalmente, destacó la importancia de que se denuncia cualquier acto de tortura para evitar impunidad por parte de las autoridades.

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