Con fecha 27 de agosto Bios Iguana A.C. del estado de Colima recibió del Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) la notificación formal de la recomendación de la elaboración de un expediente de hechos relativo a la petición SEM-09-002 (Humedales en Manzanillo) en la que expresa que “hay cuestiones centrales abiertas que ameritan una investigación sobre los hechos respecto de la aplicación efectiva de la legislación en materia de evaluación del impacto ambiental de dos proyectos de infraestructura ubicados en Manzanillo, México”.
De acuerdo con el Presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos lo que quiere decir es que se han encontrado inconsistencias en materia legal de los procedimientos y autorizaciones de los proyectos industriales de alto impacto y riesgo de la Regasificadora de Manzanillo y Z Gas instaladas en la península de Campos al margen de la laguna de Cuyutlán en Manzanillo Colima.
Dijo que La petición SEM-09-002 fue presentada el 4 de febrero de 2009 por Bios Iguana, A.C. y Esperanza Salazar Zenil, en la que se denunció la incorrecta aplicación efectiva de la legislación ambiental con respecto a la protección de la Laguna de Cuyutlán, Manzanillo. En particular, de irregularidades en cuanto a la evaluación y autorización en materia de impacto ambiental de los proyectos denominados Planta de Suministro de Gas LP Manzanillo(promovido por la empresa Z Gas del Pacífico). y Terminal de Gas Natural Licuado (GNL) Manzanillo(promovido por la Comisión Federal de Electricidad) ,
A cuatro años de la denuncia, agregó, el gobierno mexicano no ha podido demostrar su cumplimiento y oficialmente solo ha respondido que “es inadmisible”, Sin embargo; luego de examinar la petición de Bios Iguana A.C. el Secretariado de la CCA considera que hay cuestiones centrales abiertas relativas a la modificación del programa de desarrollo urbano municipal; la instrumentación de normatividad ambiental en materia de coordinación entre autoridades; la vinculación de los proyectos de gas con el ordenamiento ecológico del territorio, y la puesta en marcha de disposiciones en materia de evaluación de impacto ambiental.
Gabriel Martínez menciona que lo que sugiere, que el Secretariado elabore un expediente de hechos, si el Consejo (órgano rector de la CCA integrado por los funcionarios de medio ambiente de más alto rango de Canadá, Estados Unidos y México) así lo determina mediante el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros. El Consejo cuenta hasta el 14 de noviembre para la emisión del voto correspondiente.
Indicó que el expediente de hechos, examinara exhaustivamente el proceder del gobierno mexicano, y valorara enviar una recomendación sobre las irregularidades e inconsistencias legales, de los potenciales daños ambientales, en materia de pérdida servicios ambientales, riesgos de vulnerabilidad ambiental, perdida de sustentabilidad, aumento de factores que contribuyen al cambio climático, pérdida de biodiversidad, compensación de daños ambientales y riesgos a la salud humana local.
Finalmente aseguró que con esta recomendación de deberán iniciar procedimientos de castigo penal a los responsables directos e indirectos de los daños ambientales que en tiempo y espacio serán a largo plazo y muchos irreversibles.
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