LECTURAS

NOE GUERRA PIMENTEL | Opinión | 11/08/2013

JUICIO POLÍTICO O REVOCACIÓN DE MANDATO

Hablar de la suspensión constitucional de un encargo público parece aún una herejía o un llamado sedicioso en cualquiera de sus niveles. Ante ello, cabe preguntar ¿Qué sentido tiene la obligación contenida en el artículo 87, relativo a la protesta de “guardar y hacer guardar la Constitución y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República” (y los correspondientes en los estados)? Tratándose de un requisito constitucional -que no protocolario, como pretenden varios- para acceder a la función, la expresión “si así no lo hiciere, que la nación me lo demande” debe tener consecuencias jurídicas. De otro modo, solo es retórica la del artículo 39: “El pueblo tiene en todo tiempo el derecho inalienable de cambiar la forma de su gobierno”.

Nuestro país desde su origen vivió mucho tiempo sometido por la inestabilidad política. La fragilidad de los gobiernos posteriores a la Independencia fue de asonadas, revueltas, guerras civiles e intervenciones. La restauración de la República sobre 1867, luego del fusilamiento de Maximiliano y la salida de los invasores franceses, fue en rigor la refundación del Estado. Pero la seguridad y permanencia de éste se confundieron con las del gobierno y las del presidente en turno. Nace así el hombre indispensable. En contrario no se explican las reelecciones de Juárez, Díaz y Obregón. Tampoco la violación del sufragio, causa fundamental de la Revolución.

La institucionalización del régimen en los años 30, a más del establecimiento de un partido hegemónico (PNR, PRM, PRI), tuvo como reglas no escritas la supremacía presidencial, la estricta rotación de sus titulares y la autonomía política del sucesor respecto de quien lo puso, práctica que cundió en las entidades federativas. Así se instituyó el mito del Poder político en México, bien definido por el universal Vargas Llosa cuando calificó a la política mexicana como “la dictadura perfecta” o “dictablanda”, definida por otros en tiempos del PRI del “carro completo”. Se entronizó la impunidad y el mandatario, es decir el emisario del mandato, se convirtió en mandante, con el ejercicio de su función metaestatutaria y al margen de toda sanción, durante y después de su sexenio.

La Constitución vigente, la del 17, establece la suspensión del mandato de los ayuntamientos por los congresos locales y de poderes de los estados por el Senado, pero nada contra los federales: ni una línea hacia la hegemonía del legislativo, ni del judicial, mucho menos al ejecutivo. Las únicas puertas son el juicio político o la renuncia “por causa grave”. El artículo 108, vigente, establece que “el Presidente sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, y el 111 que deberá hacerse ante el senado. Precepto ambiguo que no precisa si es “declaración de procedencia”, con lo que el gobernante perdería el fuero para ser juzgado, o de “infracciones políticas” que conllevan a la pérdida del cargo, entre otras.

El modelo inglés del impeachment (“bochorno”), cuyo antiquísimo origen se remonta al 1300, acarrea sanciones administrativas y penales. En la tradición europea la sanción es eminentemente política y se relaciona con desviaciones ostensibles del poder o faltas contra las leyes fundamentales del Estado. Algunos juristas sostienen que debiera extenderse a la responsabilidad patrimonial y a la violación de la Constitución, máxima ley que prometieron respetar y hacer respetar y que muchos, impunes, en lo cotidiano violan, tal y como lo estamos viendo.

La vía popular o “control vertical” del poder es la revocatoria del mandato, que no implica acción parlamentaria o jurisdiccional, sino solo la voluntad ciudadana. Es frecuente en los regímenes presidenciales, ya que los parlamentarios cuentan con las elecciones anticipadas para remover a los gobiernos. La figura de revocación del mandato está consagrada en cinco entidades y propuesta por varios partidos. Su aprobación nos permitirá un camino expedito al fortalecimiento de nuestra democracia, la legitimidad de nuestros gobernantes, la recuperación de la soberanía y la puntual nota contra quienes por intereses contrarios a la sociedad pretendan el poder. ¿Usted, qué opina?