Luego de que el Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco (FREMMAR), la Red Jalisciense de Derechos Humanos y Bios Iguana A.C., todos miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), acudieran ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima (CEDH), para interponer una denuncia por la constante violación a los derechos humanos, los desastres ambientales, el despojo de tierra y el hostigamiento que ha venido sufriendo la comunidad nahua-otomí de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco, por actividades del Consorcio Minero “Benito Juárez Peña Colorada S.A de C.V.”, el Presidente de la CEDH, Roberto Chapula de la Mora decretó medidas cautelares para diversas autoridades inculpadas en esta queja.
De acuerdo co un comunicado enviado por REMA se señala que las medidas cautelares fueron enviadas al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima, para que garanticen la seguridad y el patrimonio de cada uno de los habitantes de la Zona de Manantlán que se encuentran dentro del territorio colimense.
Al Secretario de Economía para que por medio de la Dirección General de Desarrollo Minero se evite que se continúe causando perjuicio por parte de la empresa Peña Colorada.
Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que garantice la conservación del medio ambiente en los poblados nahua de Ayotitlán y evite que se sigan causando daños por parte de la empresa minera de esa región.
Al Procurador Federal de Protección al Ambiente para que haga cumplir las leyes en materia ambiental.
Al Director General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación para que contribuya a la prevención y mitigación de desastres en la región.
Al Director General de la Comisión Nacional de Agua para que administre y preserve las aguas nacionales y sus bienes inherentes, específicamente del Río Marabasco y sus Afluentes.
Lo anterior para evitar la consumación irreparable de las violaciones reclamadas o la producción de daños de difícil reparación, ya que de no hacerlo se está atentando contra el derecho a la vida, la salud y propiedad de los agraviados, por lo que se solicita a cada Autoridad en su ámbito de competencia giren instrucciones a quien corresponda y se evoquen a dar cumplimiento a la Medida Cautelar emitida.
La CEDH da a las autoridades tres días hábiles para que envíe las evidencias del cumplimiento, en el entendido que en su momento quien resuelva el fondo del asunto sea la Comisión Nacional.
De acuerdo con el comunicado estas medidas cautelares se expiden a las autoridades debido a que los hechos constituyen actos que vulneran y ponen en peligro la vida, la salud y el patrimonio de las familias de la región que comprende la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, y en atención a la urgencia y gravedad del asunto.
Las organizaciones REMA, FREMMAR, RJDH y Bios Iguana estaremos vigilantes de que se cumpla con las Medidas Cautelares y en espera de lo que resuelva la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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