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NOE GUERRA PIMENTEL | Opinión | 26/05/2013

7 DE JUNIO, EN LA MIRA

Del 2000 acá han ocurrido 84 homicidios de periodistas, según lo documentó la Comisión Nacional de derechos humanos, de los que de 2005 al 30 de abril pasado el mismo organismo ha registrado 20 desapariciones de comunicadores y trabajadores de medios de comunicación, a lo que se suma los más de 40 atentados que a la fecha han recibido instalaciones, herramientas o equipos de trabajo, registrándose un alto porcentaje de impunidad ya que de todos solo 27 fueron consignados y en doce se dictó sentencia, un nivel de atención y respuesta del 9%, sin considerar la credibilidad pública de dicha resultante.

Por otro lado Teodoro Rentería Arróyave quien lleva el monitoreo del mismo asunto, nos revela que durante los dos anteriores sexenios el índice se disparó, por lo que en su condición moral de líder hace un exhorto para no celebrar dicha efeméride puesto que no hay motivo para hacerlo, dice, en todo caso continuar con la exigencia, ahora contra el presidente Peña Nieto, para que ya se actúe de manera pronta y expedita en el obligado y necesario esclarecimiento de esos hechos criminales, ejecutados principalmente por los poderes fácticos que insisten en acallar la verdad, en impedir que se muestre la evidencia, en literalmente eliminar todo lo que les represente obstáculos a sus aviesos fines.

Rentería Arróyave, quien sabe de lo que habla como presidente fundador de la Federación de asociaciones de periodistas mexicanos, la FAPERMEX y ExPresidente del prestigiado Club Primera Plana, nos indica con preocupación que en el mismo periodo de los dos gobiernos panistas, 124 han sido los homicidios perpetrados contra quienes a través de los medios practicamos el derecho a la libertad de prensa y de expresión y aplicamos el derecho a la información que consagra la Constitución, sumando a esta negra lista, además de a los 104 periodistas, a los 9 trabajadores de prensa, 7 familiares, 3 amigos cercanos de comunicadores y 1 civil, además de denunciar son 21 las desapariciones con cierre al 30 de abril.

Resultado preocupante pues de esa proporción es el nivel de inseguridad, de impunidad que en nuestro país tienen dichos actos contra quienes de una forma u otra ejercemos el oficio de informar, de opinar a través de los diversos medios de comunicación masiva, resultados mortales solo comparables, aunque en casos superior, a la que los colegas sufren y denuncian en países en guerra civil como Afganistán, Somalia, Iraq y Siria.

Es tan grande el problema que en el territorio nacional hay zonas donde se ha cancelado el derecho a la información, donde simplemente ya no hay información privando solo la autocensura, incluso en las redes sociales, como en Tamaulipas, Sonora y Veracruz, donde empezaron a ejecutar a quienes revelaban movimientos. Situación, la de la autocensura, que cada vez se generaliza en el medio por la elemental sobrevivencia.

Problemática que igualmente se refleja en la creciente cantidad de comunicadores y defensores de los derechos humanos que paulatinamente se han visto obligados al exilio ante las graves amenazas de muerte cernidas contra ellos y sus familias, con asilo en Estados Unidos y Canadá, donde se refugian ante la inoperancia institucional y, en varios casos, contra instituciones que debieran garantizar su salvaguarda como las fuerzas armadas y las perseguidoras del delito.

En Colima es de destacar que dicha situación no se ha hecho presente, la entidad no corresponde al terrífico contexto nacional, pues salvo los impedimentos reales que han enfrentado colegas de televisión con algún abusivo judicial federal o mando medio de las fuerzas armadas, los otros dos casos, ambos del año pasado, fueron exagerados por intereses ajenos a la condición de informar, los dos apadrinados por un mismo medio, ese que fiel a su costumbre ante cualquier oportunidad jala agua a su molino. Siendo precisos, el primero, el del fotógrafo, fue entre particulares, pues el agredido tiempo atrás no laboraba, ni siquiera en el impreso aludido y, el del otro, el del reportero de policiacas, éste, en un hecho de armas, como se comprobó, había violado el cerco de seguridad, por lo que fue puesto ante la autoridad, como hubiera ocurrido con otro trasgresor.