*“La constitución es muy clara con las normas generales, y los principios no afectan ningún derecho; en todo caso será competencia de legislaciones secundarias atender el asunto”, explicó el catedrático *“El gobierno es insuficiente para garantizar al ciudadano no sólo la educación sino otros recursos”, añadió
Manifestaciones y quejas se han presentado contra la reforma educativa, pues de acuerdo con algunos de los profesores, lesiona no sólo el trabajo que desempeñan sino a la educación misma. Sin embargo, expertos en el área aseguran que dicha reforma está apegada a derecho y cumple con su función, y que lo que debería atenderse son las leyes secundarias.
Mario de la Madrid Andrade, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, dijo en entrevista que “primero se debe entender que las reformas son positivas; no deben perjudicar a nadie, por lo que en la constitución se plantean rasgos generales y corresponde a legislaciones secundarias detallar cada uno de los puntos a los que refiere tal reforma”.
Partiendo de esa premisa, se puede decir que “la reforma educativa está bien planteada en función de normas que tienden a incrementar la calidad de la educación”, dijo de la Madrid Andrade. Las incertidumbres tendrán que resolverse en la legislación secundaria, por ejemplo en la Ley General de Educación, detalló.
“Me parece que el discurso que plantea impugnar la reforma educativa no tiene razón de ser; la constitución es muy clara con las normas generales, y los principios no afectan ningún derecho; en todo caso será competencia de legislaciones secundarias atender el asunto”, explicó el catedrático.
Respecto a los cuestionamientos de los profesores por su permanencia en la educación pública y la privatización, Mario de la Madrid dijo que son aspectos importantes que deben quedar establecidos de manera concreta en la legislación secundaria, dejando claro que la reforma no plantea privatizar las escuelas.
El gobierno, añadió, tendrá que seguir pugnando por el establecimiento de escuelas públicas. Sin embargo, señaló que el gobierno es insuficiente para garantizar al ciudadano no sólo la educación, sino otros recursos.
“No veo el problema de que participen los sectores social y privado, ya que mientras más escuelas, más educación. A mí me parece un absurdo que la educación esté sólo en manos del Estado, porque, insisto, el Estado no se da abasto, así que se debe dejar claro bajo qué planteamientos podrán participar esos sectores”, opinó.
Es importante entender que la reforma se enfoca en la calidad educativa, y el hecho de evaluar a los profesores puede ser un punto medular, principalmente para saber qué tan preparados y actualizados se encuentran éstos para impartir clase, “incluso eso llega a ser una condición para su permanencia en el sistema educativo”, dijo de la Madrid Andrade.
Comentó por último que valdría la pena establecer procedimientos y mecanismos claros y transparentes en la legislación secundaria “para garantizarles sus derechos a los profesores, pero también establecer mecanismos para remover, o incluso para sustraer del sistema educativo a los malos profesores”.
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