Al término de 2012, la deuda pública de los estados de la República como porcentaje de su Producto Interno Bruto es en promedio del 2.9 por ciento, índice en el que Colima presenta porcentajes menores, al registrar un 2.7 por ciento, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De las 32 entidades federativas del País, la deuda de 11 de ellas como porcentaje del Producto Interno Bruto es Superior al promedio nacional.
Coahuila, con una deuda del 7.7 por ciento de su Producto Interno Bruto, es la entidad que encabeza ese indicador, seguida por Quintana Roo y Nayarit, con el 7.1 por ciento; Chiapas, 5.9 por ciento, y Veracruz, 5.8 por ciento.
En contraste, Jalisco y Colima, con el 2.7 por ciento; Sinaloa, con el 2.4 por ciento; Aguascalientes y Baja California Sur, 2.0, y Puebla con 1.8 por ciento, son, entre otras entidades, las que se ubican por debajo del promedio nacional en cuanto a deuda estatal como porcentaje del PIB.
Nuevas reglas para préstamo
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) solicitó de manera formal al Senado que los bancos e instituciones financieras nieguen préstamos a los estados y municipios que carezcan de un registro de sus adeudos públicos, porque las instituciones crediticias deben ser corresponsables de impedir el sobreendeudamiento.
De acuerdo con una nota publicada por el periódico capitalino Excélsior, los gobernadores expresaron al Senado su aceptación para que la nueva legislación les prohíba contratar créditos en el último año de gobierno, a fin de que no hereden problemas a sus sucesores.
“Proponemos que al llegar el último año de cada periodo de gobierno se fije una restricción a la contratación de deuda, que en ningún caso exceda los techos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos del ejercicio fiscal correspondiente; la única salvedad para la contratación de deuda extraordinaria sería la necesidad urgente de atender contingencias por desastres naturales o casos de emergencia derivados de fuerza mayor, considerados explícitamente en las leyes sobre la materia”, precisó la Conago.
Aclaró que “la disponibilidad de recursos para atender desastres se vuelve un tema toral para las haciendas públicas locales, toda vez que éstas no cuentan con recursos presupuestarios suficientes para hacer frente a este tipo de contingencias. De ahí que el establecimiento de nuevas obligaciones financieras para atender esa eventualidad con recursos propios constituye, en la práctica, una fuerte presión adicional para las finanzas estatales”.
“Consideramos que la constitución de un fondo para esos fines sea potestativo y no obligatorio, para las entidades federativas y que, en todo caso, a ese fondo concurra un porcentaje de los ingresos federales excedentes.”
De esta forma, los gobernadores fijaron su posición respecto a las propuesta de reforma constitucional y creación de una ley secundaria en materia de deuda de estados y municipios, en la que se observa que tienen una amplia coincidencia con la iniciativa presentada por el PRI-PVEM y trabajada en la Secretaría de Hacienda, pues no están dispuestos a que el Senado tenga facultades para autorizarles las deudas y avalarles la forma en que deben gastarla.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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