Luego de que vecinos de la gasolinera localizada por la avenida Anastacio Brizuela, frente al Parque Regional, exigieran su cierre definitivo y desmantelamiento, el secretario del ayuntamiento de Colima, Miguel de la Madrid Andrade, aseguró que de acuerdo a un análisis superficial, no hay fundamento jurídico para clausurar el establecimiento.
Agregó que “la gasolinera está cerrada por decisión del propietario del establecimiento; pero hasta ahorita no hay ningún fundamento jurídico en donde ellos estén incumpliendo contra el reglamento municipal para efectos de retirar la licencia o clausurarles el establecimiento”.
El funcionario municipal señaló que es necesario que se oficialice la solicitud de los vecinos “para afectos de analizarlo de fondo y tomar una determinación al respecto”.
Miguel de la Madrid explicó que el municipio pudiera llegar a intervenir y ordenar la clausura, “pero el propietario pudiera acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el cual puede ordenar la reapertura”.
Por su parte la directora de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento, Magdalena Ureña Pérez indicó que el municipio sanciona infracciones administrativas, pero no penales, por lo que la gasolinera debe encuadrar en una infracción al reglamento que son conductas administrativas “por las cuales deberá proceder la clausura o la revocación de la licencia”.
Interrogada sobre las instancias legales a las que pudieran recurrid los vecinos, comentó que “debido a los hechos que han ocurrido en el lugar podrían acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que tenga el resguardo del lugar, pero tendrían que solicitarlo y ver si procede”.
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