Raymundo González Saldaña, dirigente estatal del Partido Acción Nacional expresó su beneplácito por el anuncio que hiciera el Presidente Municipal Federico Rangel de que no habrá cierre de la Avenida V. Carranza producto, dijo, de las presiones ejercidas por los ciudadanos mismas que fueron respaldadas por Acción Nacional.
Acompañado de las legisladoras federales, Patricia Lugo y Martha Sosa, de los diputados locales Yulenny Cortés y Fernando Antero, así como de Milton de Alva, González Saldaña abundó que aunque Acción Nacional toma nota de la declaración hecha por Federico Rangel, hizo hincapié que “en Acción Nacional estamos a la espera de la comunicación oficial respecto a que no se cerrará la avenida V. Carranza toda vez que la Secretaria de desarrollo Urbano emitió en días pasados dos comunicados de prensa confirmando el cierre, además de que el titular Alejandro Torres, personalmente defendió y confirmó de manera obstinada el cierre frente a los diputados locales y en otra oportunidad frente a una representación de vecinos de la zona”.
Por estas razones, el dirigente consideró necesario que el mismo secretario de Sedur, o en su caso el gobierno estatal se desistan de manera oficial de cerrar esta vialidad hasta que exista un pase a desnivel que cruce el Tercer Anillo Periférico.
Enfatizó que mientras no se dé esta declaración, ni los vecinos ni el PAN podrán confiar, debido a que en repetidas ocasiones ha sido clara la intención de causar confusión con declaraciones ambiguas por lo que en virtud de ello “este asunto no puede cerrarse sin esta declaratoria oficial, por lo que Acción Nacional estará muy pendiente”.
Finalmente Raymundo González aclaró que independientemente de oficializar el no cierre de V. Carranza, las iniciativas legales para conocer en base a qué se cambió sin licitación de por medio la construcción del puente de Venustiano Carranza a Constitución seguirán adelante, por lo que señaló que “después del asunto de Lomas Verdes y el de V. Carranza, ya es momento que el gobernador le quede claro que antes de tomar una medida que tiene alto impacto social hay que consensarla, no sólo con las cámaras y los colegios de profesionales, sino con los ciudadanos afectados”.
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