Indígenas de Aquila presentan queja por falta de justicia en materia ambiental

ANGEL MENDEZ | Michoacán | 02/02/2013

*Ante la CNDH en contra de PROFEPA y SEMARNAT

Coahuayana, Mich. La Comunidad Indígena de San Miguel de Aquila, por conducto de sus autoridades comunales informó, que con el propósito de proteger el ecosistema y sus recursos naturales en razón de la devastación que sufren sus bosques por parte de la empresa Las Encinas S.A. de C.V. filial de la minera Ternium, presentaron una formal queja por falta de justicia ambiental ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El presidente del comisariado comunal, Octavio Villanueva Magaña, dio a conocer que en la queja se acusa a las dependencias federales de haber concedido a la empresa minera autorización del proyecto denominado ampliación de la superficie de explotación de la mina de Aquila, sin la aprobación de la comunidad indígena que es la posesionaria y propietaria de la superficie donde se pretende efectuar dicha ampliación.

Octavio Villanueva dijo que “las tierras a ocupar por Ternium en la ampliación que la PROFEPA y la SEMARNAT les autorizaron de manera autoritaria y arbitraria, son un terreno de ocupación temporal en el corazón de nuestra comunidad indígena, de las cuales solo una parte está convenida para la explotación, y la empresa sabe bien cuales son, pero estos terrenos con los estudios que han hecho en los últimos cuatro o cinco años, han visto que no tienen tanto cuerpo minero, y ahora presumimos que con el tráfico de influencias en el periodo presidencial pasado, la Dirección de Minas les autorizó unas nuevas coordenadas pretendiendo desviarse así al sureste donde si hay más mineral, modificando unilateralmente la explotación, afectándonos en nuestros derechos”.

El dirigente indígena agregó: “a nosotros como comunidad no nos han notificado y el convenio dice que nos tienen que dar a conocer cuando se trate de afectar otros bienes diferentes al mineral”, y expresó: “la empresa sigue actuando como siempre, sin tomar en cuenta a la comunidad, nos ve como parte de su propiedad, como la tierra, pero no, es nuestro territorio y nuestro derecho a participar en un proyecto sustentable que no mate nuestros peces, chacales, y que no desvíe nuestros ríos y no se altere el cauce de nuestros manantiales subterráneos y superficiales”.

Luego denunció que con los trabajos mineros la empresa “entierra miles de toneladas de parotas, que es madera fina, entre otros árboles, otates, primaveras, etcétera”, y señaló: “esa madera tenemos derecho a aprovecharla en la comunidad y no como ahora ocurre que clandestinamente dejan sacar la madera por gentes ajenas a los indígenas de Aquila”.

Octavio Villanueva Magaña finalizó destacando que la comunidad indígena debió haber sido tomada en cuenta para dar la autorización de la manifestación del impacto ambiental, ya que en esta se considera una deforestación en la que se pretenden destruir de 20 a 30 hectáreas de árboles y vegetación, mencionando que “si bien hay un convenio, también debió informárseles de lo que se pretendía hacer puesto que se están moviendo a placer los ríos Aquila, Los Tenamaxtles" y sus afluentes y manantiales, matando flora y fauna en afectación directa de los comuneros, sus familias y de la nuevas generaciones de aquilenses.