El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, advirtió que el adeudo que mantiene el gobierno municipal con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL) asciende a 74 millones de pesos, situación que, afirmó, pone en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento y los derechos laborales de sus trabajadores.
Sostuvo que el problema de las pensiones se ha arrastrado durante varias administraciones municipales y cuestionó que, pese a las declaraciones públicas sobre el tema, no todas las organizaciones sindicales ni las instituciones correspondientes hayan emprendido acciones legales para exigir el cumplimiento de las obligaciones.
León Alam recordó que su sindicato se opuso a la entrada en vigor de la legislación relacionada con el sistema de pensiones, al considerar que la reforma se aprobó sin los mecanismos suficientes para garantizar el cumplimiento de las aportaciones y proteger a los trabajadores.
Explicó que, desde entonces, el problema ha continuado y que su organización ha optado por recurrir a las instancias legales para exigir responsabilidades.
En ese sentido, indicó que existen denuncias penales contra los exalcaldes Leoncio Morán Sánchez y Héctor Insúa García, y aseguró que la primera continúa vigente por un monto de 53 millones de pesos.
Asimismo, señaló que el sindicato solicita al IPECOL la actualización del adeudo atribuido a la administración municipal actual, encabezada por Riult Rivera Gutiérrez, con el propósito de ampliar las acciones legales y que se investiguen los hechos conforme a derecho.
El líder sindical explicó que una eventual investigación por el probable delito de peculado o desvío de recursos dependerá de las actuaciones de las autoridades competentes y de los elementos que se integren en el procedimiento.
Precisó que el sindicato también ha recurrido a la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado para exponer la situación que enfrentan los jubilados, quienes, aseguró, han recibido sus pagos con retraso.
De acuerdo con León Alam, la quincena más reciente representó la primera ocasión desde noviembre en que los trabajadores recibieron sus pagos puntualmente.
Ante este panorama, informó que el sindicato analiza, junto con sus abogados, nuevas medidas jurídicas para proteger los derechos de sus agremiados y evitar que el incumplimiento de las obligaciones financieras termine afectando sus prestaciones, jubilaciones y estabilidad laboral.
El dirigente aclaró que las acciones no responden a diferencias personales con el alcalde ni con otros funcionarios, sino a la necesidad de garantizar que los recursos públicos se utilicen conforme a los conceptos presupuestados y que las obligaciones patronales sean cubiertas.
Respecto a las versiones sobre la posible venta de lotes para obtener recursos y cubrir parte del adeudo, León Alam manifestó que el sindicato no ha recibido información oficial sobre los alcances de esa medida ni sobre el destino que se dará al dinero recaudado.
Por ello, consideró necesario que el Cabildo informe públicamente sobre las decisiones relacionadas con esos bienes y precise cómo se aplicarán los recursos.
Advirtió que, si el dinero obtenido no se destina correctamente al pago de los compromisos financieros, el Ayuntamiento podría enfrentar mayores dificultades económicas, con consecuencias directas para los trabajadores.
En ese contexto, cuestionó que las administraciones municipales busquen equilibrar sus finanzas mediante la venta de bienes o posibles recortes de personal, sin garantizar primero el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presupuesto.
Al comparar la situación municipal con la estatal, el dirigente sindical destacó que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva cuenta con un fideicomiso acordado con el sindicato para atender los compromisos relacionados con el IPECOL.
Afirmó que ese mecanismo establece bases para realizar abonos y avanzar en la reducción del adeudo, por lo que consideró que los ayuntamientos deberían adoptar medidas similares mediante convenios formales y compromisos de pago verificables.
En el caso de Colima capital, sostuvo que ha planteado a la Tesorería municipal la necesidad de establecer un acuerdo para comenzar a cubrir los pendientes. Sin embargo, señaló que, hasta el momento de la entrevista, no tenía información que confirmara el cumplimiento del compromiso relacionado con los recursos que se obtendrían por la venta de lotes.
León Alam también mencionó que las administraciones de Federico Rangel Lozano y Margarita Moreno González cubrieron, según su versión, las obligaciones correspondientes a sus respectivos periodos, por lo que llamó a distinguir entre los adeudos heredados y las aportaciones que cada gobierno debe realizar durante su gestión.
El secretario general alertó que el deterioro financiero de los ayuntamientos puede repercutir tanto en los trabajadores jubilados como en los que continúan en activo.
Advirtió que, ante la falta de recursos, las autoridades podrían recurrir a despidos para equilibrar las finanzas, además de comprometer el pago de prestaciones y la calidad de los servicios públicos.
También consideró necesario revisar la legislación laboral aplicable a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, los ayuntamientos y los organismos descentralizados, particularmente en lo referente a las contrataciones de confianza y sus posibles efectos financieros.
León Alam hizo un llamado a los gobiernos municipales y a las organizaciones sindicales para trabajar de manera coordinada, transparentar las finanzas públicas y garantizar el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores.
Insistió en que la prioridad de las autoridades debe ser cumplir con sus responsabilidades administrativas y laborales, antes que concentrarse en aspiraciones políticas, pues advirtió que las consecuencias de mantener los adeudos podrían afectar tanto a la burocracia municipal como a la población que depende de los servicios del Ayuntamiento.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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