Asegura diputada panista que anterior administración en Manzanillo, vendió 2 calles a un particular

ELVIA ROMERO | Colima | 16/10/2012

La diputada panista Gabriela Benavides Cobos, denunció que en la pasada administración de Manzanillo, se vendieron dos calles en la zona industrial Fondeport a un particular.

Señaló que esta venta es de un tramo estratégico de la calle Tiburón en la colonia Fondeport a un particular, que representa al grupo Woodward.

En este sentido aseguró que con estas acciones, se podría afectar uno de los principales accesos del puerto, pues este particular, si así lo decide, bien pudiera instalar una caseta y afectar con ello a los manzanillences.

“La calle lo compró un particular y eso no puede suceder, se autorizó porque supuestamente era la API la que iba a comprar, pero se aprovecharon del esquema que señala la Ley y lo venden a un particular”, expuso.

Y continuó mencionando que “aunque se buscan los mecanismos para revertir esta transacción, debemos reconocer que la operación se aprobó por el cabildo, el comprador pagó la adquisición y el ayuntamiento ya se gastó el dinero, en parte para otorgar liquidaciones de trabajadores de confianza”.

Benavides Cobos, señaló que originalmente este tramo de la calle serviría para realizar una entrada y salida a la nueva terminal de la Administradora Portuaria Integral (API), que contribuirá a desahogar el tráfico vehicular en el boulevard costero, sin embargo, afirma que por dicha venta esta obra se encuentra en riesgo.

“En la subasta, método elegido para desincorporar esta vialidad, se privilegió el interés particular por encima de los beneficios públicos, por lo que este tramo de una vialidad quedo en poder de un particular que podría incluso instalar una caseta o cobrar peaje para permitir la circulación hacia la terminal marítima”.

La legisladora, aceptó que la venta se realizó pues el cabildo la aprobó con el voto incluso de las regidoras panistas.

“Pero se tomó la decisión de vender para obtener recursos frescos y al realizar el proceso, tal y como lo marca la ley, se realiza una subasta en la cual participa un particular, en este caso una de las empresas de Guillermo Woodward y se adjudica la venta del tramo 15 por una cantidad de 17 millones de pesos, lo que paraliza el desarrollo del proyecto de la API”, concluyó.