Habrá en Colima Ley de Derechos y Culturas Indígenas

ELVIA ROMERO | Colima | 17/09/2012

El Congreso del Estado aprobó la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, así como el Catálogo de Derechos Indígenas, con el fin de reconocer a esta población en el estado y sus derechos.

Con la iniciativa de Ley de Derechos y Culturas Indígenas se busca un mayor trabajo del Estado y los municipios, en aras de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria.

Y es que según datos reciente del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, en Colima hay 3 mil 983 personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa menos del 1 por ciento de la población de la entidad.

En el estado las lenguas más habladas son el Náhuatl con mil 427 hablantes; Mixteco con 796 hablantes; purépecha con 405 hablantes y zapoteco con 289 hablantes.

Estos asientos de la población indígena, están situados principalmente en Suchitlán, Cofradía de Suchitlán, Zacualpan, la Nogalera, Pintores uno y Pintores dos, pertenecientes al Municipio de Comala; El Cóbano del Municipio de Cuauhtémoc; Tamala, Ixtlahuacán, Zinacamitlán, Chamila, Caután y Jiliotupa, ubicados en el Municipio de Ixtlahuacán; Las Pesadas, El Platanar y Plan de Méndez, pertenecientes al Municipio de Minatitlán; y Juluapan, en el Municipio de Villa de Álvarez; donde existe presencia Náhuatl y Otomí.

Por ello el Congreso del estado aprobó la iniciativa, pues con ello ya no solo se estará previendo desde La Constitución Local los derechos al reconocimiento como pueblo o comunidad indígena, sino que también en la ley de la materia, tendrán especial regulación el cúmulo o catálogo de derechos que ahora se les reconoce.

Dentro del catálogo de derechos se establecen que los pueblos o comunidades indígenas que radiquen en el Estado de manera permanente o transitoria, tendrán acceso al reconocimiento como pueblo o comunidad indígena; a la identidad indígena; a la libre determinación; a la autonomía; a aplicar sus propios sistemas normativos; a la preservación de su identidad cultural; a la tierra; de consulta y participación; a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado; y al desarrollo sociocultural y económico.

Los legisladores locales aprobaron estos beneficios pues se está apoyando de manera importante al desarrollo sociocultural de los pueblos indígenas, dado que con ello se promueve la igualdad de oportunidades de éstos y así eliminar cualquier práctica discriminatoria, estableciendo instituciones y políticas necesarias para garantizar el desarrollo integral de los pueblos y comunidades, mismas que deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

También se destaca el respeto a las instituciones y normatividad interna de los pueblos y comunidades indígenas en cuanto a la solución interna de sus conflictos, siempre y cuando con ello no se vulneren sus derechos humanos, ni se afecte la integridad y dignidad de la mujer; soluciones que en ciertos casos, como se contiene en la propia Ley, podrán ser avalados por la autoridad jurisdiccional competente.