El diputado Rigoberto Salazar Velasco, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, informó que en la próxima sesión ordinaria del Congreso del Estado se presentará en tribuna la derogación de la Ley de Prevención y Readaptación Social para presentar una nueva denominada, Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima, la cual estará acorde con lineamientos establecidos por la reforma federal relativa a la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Salazar Velasco explicó que serán tres iniciativas las que se dictaminan respecto de la misma materia, siendo base la Iniciativa de Ley presentada al Congreso local por el Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, por lo que informó que los diputados locales sostuvieron una reunión con el Director General de Gobierno, José Alberto Peregrina Sánchez, un representante del Poder Judicial, así como representantes de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y de la Policía Estatal Preventiva.
Explicó detalladamente que el documento establece las bases jurídicas que deberán regir la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas a quienes infrinjan la ley penal; además, con la aprobación, en su caso, de esta normativa, se avanza de manera firme con los trabajos de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio adversarial, en cuyo aspecto nuestro Estado se ubica en la etapa de planeación, esto es, en la etapa previa a la entrada en vigor de la legislación que en la materia se apruebe.
El diputado local agregó que en esta reunión estuvieron presentes los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias representadas en el Congreso el Estado, los cuales manifestaron sus opiniones y comentarios al respecto, coincidiendo en que debe de derogarse la Ley Prevención y Readaptación Social para implementar una nueva.
Esta iniciativa expresó, tiene el objetivo de seguir fortaleciendo el estado de derecho que hemos ido construyendo por el devenir de nuestros siglos. Un estado de derecho democrático en donde se hacen respetar los derechos fundamentales y, por consiguiente, se respetan de mejor forma los derechos del procesado, la víctima y así también los intereses de la sociedad en su conjunto.
Finalmente reiteró que está iniciativa se someterá al pleno en la próxima sesión para su análisis, discusión y aprobación, en su caso.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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