ENTRE LÍNEAS

Administrador Colimapm | Opinión | 23/06/2023

POR: Raúl Merced Lares

HAY AVANCES en la implementación del programa IMSS-Bienestar en la Secretaría de Salud que atiende a las personas sin derechohabiencia, aunque no son los que demanda la población. Por lo pronto, la gobernadora IVS acaba de firmar un convenio con el gobierno federal para la transferencia de la nómina, operatividad y todos los servicios de la SSA estatal a la administración federal. Sin embargo, todavía hay un trabajo efectivo qué hacer porque si bien es cierto que hay avances en infraestructura, equipamiento y recursos humanos en hospitales y centros de salud, aún faltan médicos y personal de Enfermería, medicamentos y materiales de curación tales que permitan decir que ya se tiene un sistema de salud como lo pide la población. Esperemos que esto se logre pronto porque ante la insuficiente atención, mucha gente tiene que estar pagando la atención privada, consultas y medicamentos, lo que acaba con los pocos recursos que tiene.

A PROPÓSITO, el representante estatal del IMSS-Bienestar, Armando de la Mora Morfín, tiene el gran reto de garantizar ese sistema de salud que responda a la demanda de la población sin derehohabiencia. Por lo pronto, a través de redes sociales anunció que desde el 16 de junio se contrataron por parte de este programa a 17 especialistas mexicanos recién titulados, para reforzar la atención médica de los diferentes hospitales del estado y el CAAPS de Manzanillo. Para fortuna de la población, el doctor es un hombre de trabajo y comprometido que está muy atento a los trabajos que se tienen que hacer para continuar con esos avances y a la resolución de problemas, mediante constantes reuniones de trabajo y de supervisión que se realizan en los hospitales, con resultados que ya se empiezan a notar en el mejoramiento de la atención médica a la población. Todavía falta, pero la dedicada labor que hace Armando de la Mora es importante para alcanzar el gran objetivo.

LO QUE resolvió este jueves la Suprema Corte es importantísimo para la vida democrática del país. Y es que al terminar por anular la reforma electoral del presidente López Obrador, la SCJN acabó con la amenaza de que Morena se convirtiera en partido único y se perpetuara en el poder, como lo hizo el PRI. Y es que lo que pretendía el presidente y su partido con su reforma electoral era tener el control de las elecciones a través de un solo organismo electoral (INE) en el país para repartirse los cargos de elección popular de tal manera que mantuviera la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, así como en las gubernaturas y presidencias municipales. Con la resolución de la Corte, Morena tendrá que seguir sometiéndose al INE y a todos los organismos electorales en los estados, en donde sin embargo la oposición está en desventaja porque tiene que enfrentar a institutos electorales presididos y controlados en muchos casos por consejeras y consejeros pro morenistas. En el caso del INE, si bien la presidenta es promorenista, no tiene por ahora todo el apoyo de los consejeros electorales, por lo que no sería extraño que Morena trate de “convencerlos”, con dinero o privilegios, de que tienen que apoyar la cuarta transformación.

POR CIERTO, tomando en cuenta que la consejera presidenta y otros consejeros del INE son pro Morena, es mala la señal que se hayan reunido en privado los consejeros electorales y el Presidente en Palacio Nacional. Desde luego, no se dieron pormenores de esta reunión y quien dio la versión oficial de la misma fue la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, quien minimizó las suspicacias que despertó este encuentro privado y dijo que lo más importante fue el acuerdo de establecer mesas en cada uno de los temas que vinculen a las partes para mejorar la colaboración. Indicó que ambas partes consideraron que es importante que haya un mutuo respeto a la investidura presidencial y a la autonomía del INE, aunque en los hechos el Presidente ha demostrado que lo que menos tiene es respeto a las instituciones y los organismos que dictaminen o resuelvan lo contrario a lo que piensa o quiere.

SUENA A presión lo que señaló la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, María Elena Ruiz Visfocri, en el sentido de que está de acuerdo en que la revocación de mandato se aplique en Colima, toda vez que hay una controversia constitucional al respecto que está por dictaminar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fue más allá al recordar que en caso de que la SCJN resuelva a favor de que se aplique la revocación de mandato a la actual gobernadora Indira Vizcaíno Silva, es obligación del Gobierno del Estado proporcionar los recursos que se necesiten para su organización. Nadie le demandó esta explicación, pero Visfocri sí lo dijo luego de que considerara urgente que el Congreso del Estado y el gobierno estatal atiendan las 2 sentencias del Tribunal Electoral de Estado (TEE) y asignen al IEE el recurso que le corresponde (32 millones de pesos para poder preparar el proceso electoral 2023-2024) y de que se diera a conocer que en esta semana la SCJN presentaría el dictamen sobre dicha controversia, aunque esta decisión se volvió a posponer y no hay certeza de la fecha en que se hará.

JAVIER PINTO, subsecretario del Trabajo del Gobierno de Colima, es uno de los funcionarios que ha respondido a las exigencias del cargo y a lo que desea la Gobernadora en materia de empleo para las y los colimenses. Y uno de los numerosos temas o asuntos que atiende con eficacia es la supervisión de lo que tienen que cumplir las empresas con sus trabajadores, como el pago del reparto de utilidades, en el que informó que la gran mayoría de las empresas de la entidad han cumplido con este pago, pero también reconoció que se registraron “deshonrosas excepciones”, por lo que este tema será uno de los aspectos que la dependencia a su cargo estará “machacando” todo este año y durante el sexenio, “y para eso ya nos estamos preparando también con más inspectores para poder cubrir la meta”. Destacó que el objetivo es que sean 4 mil las inspecciones anuales: “Yo lo he dicho fuerte y quedito: en Tecomán, en Manzanillo y en Colima, en todo el estado, tenemos empresarios responsables, tenemos empresarios comprometidos con sus colaboradores”, expresó. No obstante, aseguró que se va a seguir vigilando que se continúen entregando todas las prestaciones no sólo el reparto de utilidades, sino las que se otorgan a finales de año como el aguinaldo y así sucesivamente con las condiciones generales.

UN GRUPO de integrantes de distintos colectivos y asociaciones que trabajan a favor de los derechos de los animales acudió al Congreso del Estado para manifestarse por no haberse aprobado el reglamento que activa la Ley de Protección para Animales de Compañía, la cual fue respaldada por las y los diputados de la sexagésima Legislatura desde hace más de 8 meses. Representantes de los colectivos de al menos 4 municipios irrumpieron en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, lo que obligó a suspenderla porque los manifestantes ocuparon la tribuna demandando a las bancadas que sacaran ya el reglamento para que esta Ley deje de ser letra muerta y se sancione a zafadas y zafados que maltratan y hasta asesinan a las mascotas. Los diputados del PRI y del PAN le echaron la culpa a los de Morena al explicar a los manifestantes que los responsables de que no salga el reglamento son las y los diputados de Morena porque se presentó un punto de acuerdo mediante el cual se hacía un exhorto al Gobierno del Estado para que emitiera esa reglamentación, pero la mayoría ofi­cialista del Congreso votó en contra de que el Gobierno cumpliera ya con esta obligación.