ENTRE LÍNEAS

Administrador Colimapm | Opinión | 26/04/2023

POR: Raúl Merced Lares

COMO LA información no ha sido clara en torno a la salud del Presidente, es lógico que surjan especulaciones y hasta falsedades en torno a lo que pasó el domingo en Yucatán. Por eso, bien cabría analizar dos aspectos: uno, un diario de aquel estado publicó como nota de observación del reportero que el presidente se desvaneció, por lo que tuvo que regresar a la Ciudad de México para ser atendido en el Hospital Central Militar, según ha trascendido extraoficialmente. Y dos: el presidente twitteó el mismo domingo que tenía Covid-19, que no era grave, aunque dio datos inexplicables y contradictorios: aclaró de entrada (sin explicación pedida) que su corazón estaba al 100 y que el Covid que supuestamente padece no es grave. Ante esto, hay preguntas que se pueden hacer: si es Covid leve, ¿por qué no fue atendido en el mismo Palacio Nacional; por qué fue llevado al HCM? Si el Covid no es grave (si es que lo tuviese), ¿por qué no ha subido algún video en redes sociales -como acostumbra- en donde manifieste que se encuentra bien? Desde el pasado lunes ha salido el secretario de Gobernación sólo a negar o desmentir todo, sin ninguna explicación convincente. (Esto lo escribimos antes de la supuesta reunión que este miércoles sostendrían los gobernadores de Morena con el presidente, de la cual seguramente se publicaría sólo una foto oficial)

NUNCA, como ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación viene haciendo valer que se respete la Constitución, que se detenga -en este caso- la sistemática violación a la misma que viene haciendo el gobierno cuatroteísta de López O. Y es que, de los casos que ha echado abajo la Corte a acciones o determinaciones del gobierno de Morena, se podría agregar uno más: declarar inconstitucional el acuerdo que clasificó todos los proyectos y obras prioritarias del presidente como de seguridad nacional. Y es que, así como reservan o esconden la información de estos proyectos, no se pueden revisar públicamente ni ejercer o aplicar el ejercicio de transparencia sobre estas obras. Por lo que se has informado en general, es evidente que estos proyectos no tienen qué ver con la seguridad nacional, sino con otro tipo de intereses políticos y económicos. Por eso los ocultan.

LA UDEC se sigue sumando a las acciones del gobierno federal y estatal para fortalecer las propias que realiza en diversos temas o aspectos que tienen que ver principalmente con los alumnos. Por eso, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño acaba de informar que la Casa de Estudios redoblará esfuerzos para la prevención de adicciones al sumarse a la campaña nacional “Estrategia en el aula: prevención de adicciones”, dirigida a millones de estudiantes que cursan el nivel básico y de media superior. Al respecto, hay que decir que dicha estrategia consiste en que los docentes destinen de manera voluntaria en su tiempo de clase, de 10 ó 15 minutos al día, para conversar con los estudiantes sobre las consecuencias del consumo de drogas. Como esto no es obligatorio, se puede decir que esta condición va a limitar los resultados que puedan alcanzarse. Por eso, es momento que las sociedades de padres de familia también se incorporen a esta tarea porque el fenómeno se da también en el ámbito familiar, en la colonia, el barrio, el fraccionamiento en donde viven. Y es que este asunto, por su gravedad, no es sólo de los maestros. El problema de las adicciones es muy grande, por lo que es de reconocerse la determinación de la UdeC de sumarse a esa estrategia, haciendo lo propio en las aulas universitarias.

POR LO que declaró el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima (STSGE), Martín Flores Castañeda, respecto a una denuncia que hizo hace dos años por desvío de fondos relacionados con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL), lamentablemente se ha avanzado muy poco en la Fiscalía Anticorrupción. Martín Flores señaló que todas las denuncias que en estos momentos se encuentran en esta Fiscalía tienen que ser atendidas. “La del Sindicato todavía no está atendida. La nuestra se presentó desde agosto del año antepasado, estando en funciones el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Tenemos todo integrado, pero no se ha judicializado”, explicó el dirigente sindical, aun cuando aclaró que, por la secrecía de los procedimientos, no se ha detallado nada. Y es injusto que sea así, como dice Flores Castañeda, porque es dinero de los trabajadores que no debió tocar el ex gobernador y su gobierno, por lo que se tiene que determinar si ese dinero se usó para gastos o inversiones del gobierno o de plano fue a parar a los bolsillos de alguien o de algunos.

TARDE, PERO el PRI al fin se dio cuenta que Morena viene realizando actos de proselitismo electoral a favor de una aspirante a la candidatura presidencial por ese partido e interpuso una queja ante el INE en Colima en contra de servidores públicos morenistas por esta violación a la ley electoral. El propio Arnoldo Ochoa explicó que el pasado fin de semana se registró en la entidad una importante movilización de funcionarios del Gobierno Estatal y Federal, así como representantes populares de Morena, para hacer y repartir propaganda de la corcholata favorita del presidente. Y lo que vendría en los próximos meses, una vez que el presidente ya ha dicho subliminalmente que a quien hay que apoyar es a esa aspirante. Con esa “línea” presidencial, los de Morena irán a una encuesta en donde respondan lógicamente en favor de la corcholata que ya anda haciendo precampaña desde el año pasado en los estados, por lo que desde ahora se puede afirmar que en Morena va a ser candidata. Lo que llama la atención es que ningún otro partido de oposición haya adoptado esta misma decisión del PRI de denunciar esta presunta violación a la ley electoral.

ES BUENO que activistas hayan denunciado que la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales de Compañía del Estado es letra muerta, ya que no cuenta con la reglamentación necesaria para su aplicación. En la sede del Poder Legislativo, representantes de diversas organizaciones civiles urgieron al Gobierno Estatal a que emita el reglamento correspondiente, que tendría que estar vigente desde hace más de 2 meses. Y decimos que esta denuncia es positiva porque la agresión y la muerte contra perros y gatos viene aumentando en el estado, por lo que es oportuno detener en estos momentos a los enfermos animales de dos patas que vienen envenenando o matando peludos.