ENTRE LÍNEAS

Administrador Colimapm | Opinión | 13/04/2023

POR: Raúl Merced Lares

CON EL voto a favor de todos los grupos parlamentarios, 439 en total, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar los artículos 55 y 91 de la Constitución para reducir la edad para ser diputado a 18 años cumplidos el día de la elección. Además, para ser secretario de Estado, se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años, reza la información sobre esta importante reforma Constitucional. No hay duda que hay jóvenes capaces e inteligentes para desempeñar los cargos públicos, pero son los menos, son pocos. Y sabiendo cómo se las gastan los partidos políticos y los políticos en el gobierno cuando algo les conviene a ellos, se puede mal pensar que esta reforma lleva dedicatoria, pues con este cambio los familiares de políticos y gobernantes podrán ser colocados o asignados como diputados pluris a los 18 años o funcionarios a los 25 años. Qué bonita familia. Nomás falta que digan que para estos cargos se ocupa 80 % de honestidad y 20 % de capacidad.

AHORA SI que en un acto de justicia, magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado inauguraron el pasado martes el Juzgado Segundo Civil de la Ciudad de Colima en instalaciones del Cereso de esta capital. Ahí, el magistrado presidente del STJE, Juan Carlos Montes y Montes, indicó que con el recién creado juzgado se dará respuesta a la demanda que en materia civil exige la ciudadanía y ayudará a abatir el rezago que se tiene en el único Juzgado Civil que se encuentra en la ciudad de Villa de Álvarez, con lo cual se busca mejorar el servicio jurisdiccional, sobre todo la expeditez en las notificaciones, los acuerdos y las sentencias definitivas. A la inauguración del recién creado Juzgado Segundo Civil asistieron, entre otros miembros del Poder Judicial, las magistradas Leticia Chávez Ponce, María Luisa Ruiz Corona y Lilia Hernández, así como los magistrados Rafael García Rincón, Miguel García de la Mora, José Alfredo Jiménez y Bernardo Salazar. Bien por eso. Ojalá que el magistrado presidente siga gestionando más recursos para ir disminuyendo el importante rezago que hay en los servicios que proporciona el STJE. Sería por el bien de la justicia y de la población.

DESAFORTUNADAMENTE, el DIF estatal ha dejado de ser aquella instancia en donde la población más necesitada veía la esperanza de recibir apoyos o asistencia social. Al menos esto es lo que se puede deducir cuando leemos o escuchamos que más del 90 por ciento del presupuesto asignado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima (DIF Estatal) se destina al pago de sueldos y gastos de operación de este organismo. Es decir, menos del 10 por ciento del gasto anual se reserva para el apoyo de los grupos vulnerables en la entidad. Pero no es algo nuevo ni es el único organismo o dependencia en la que pudiera estar pasando lo mismo. Los administradores y las autoridades lo saben. Desafortunadamente, en muchos entes públicos, incluyendo los ayuntamientos, está pasando lo mismo, por lo que ya es hora que se revierta esta irregular situación, empezando por el Congreso del Estado en el sentido de que ya no siga emitiendo meras recomendaciones al observar estas irregularidades en las cuentas públicas, sino que se demande a todas las autoridades poner un alto a tal situación y no dejar que sea un mero acto de voluntad de las autoridades.

EN LO que podría ser un golpe contra la militarización que ha impulsado el propio Amlo en el país, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó a sus pares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional. De esta manera, la Sedena no ejercería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, como lo quiere el presidente, sino que seguiría dependiendo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Pero más allá de esto, seguimos esperando que la GN cumpla con su misión por la que fue creada y que tanto cacaraqueó el presidente en 2019: “El objeto de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios”, señala claramente la Ley de la Guardia Nacional. Y esto no se ha cumplido debido a que la GN tiene que respetar la política presidencial de abrazos, no balazos.

LA FISCALÍA General de la República procedió penalmente en contra de los directivos del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño y Antonio “N”. Esto luego de los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, por el incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo. Se trata de chivos expiatorios que recibirán un coscorrón por la muerte de los migrantes, ya que estos funcionarios son acusados por “ejercicio indebido del servicio público” (así se le llama ahora a la indolencia y la negligencia), por lo que ya se puede ver lo que puede pasar: destitución y sanción administrativa, para que años después queden libres de toda culpa o responsabilidad. Y asunto arreglado. Sin embargo, hay más responsables directos e indirectos de esta tragedia a la que cobarde y negligentemente no han dado la cara porque dañarían sus aspiraciones de ser candidato de Morena a la Presidencia de la República, empezando por el secretario de Gobernación. ¿Acaso Adán López no había sido enterado de las pésimas condiciones en que operan los centros de migrantes y de lo que ahí pasaba?

LAS COSAS en la selección mexicana de futbol siguen igual, no ha cambiado nada, excepto el entrenador: Sigue siendo controlada por la mafia del futbol mexicano integrada por los clubes más poderosos económicamente hablando. Nomás hay que ver las dos listas de convocados que ha dado a conocer Cocca para llegar a esa conclusión. Seguiremos viendo cómo cada cuatro años nos tratan de vender a la selección en el mundial de futbol, aunque al final resulte ser un fraude porque ahora ya ni pudo pasar a la etapa de finales. Y todo porque ven a la selección como un negocio y como una forma de encarecer los jugadores mexicanos que tienen en sus clubes y que meten en el llamado tri, tengan o no el suficiente nivel para estar ahí. Esto terminará cuando esa mafia del futbol mexicano deje de cucharear o meter las manos en la selección, lo cual se ve francamente difícil mientras no se considere o se decrete a la selección como un ente de interés general y público y no como una empresa privada.