No existe un solo peso que salga y se aplique en el Poder Judicial, sin el acuerdo general del Pleno conformado por los diez Magistrados, así lo precisó el Presidente del Poder Judicial del Estado de Colima, Rafael García Rincón quien sostuvo que hay un manejo totalmente transparente de recursos.
“Aquí estamos de frente a la sociedad, en primero porque no hay nada que esconder y segundo porque estamos interesados en salvaguardar esa confianza que debe tener la sociedad en nuestra institución”. Refirió García Rincón en conferencia de prensa y respaldado por los Magistrados: Ma. Concepción Cano Ventura, María Luisa Ruiz Corona, José Alfredo Jiménez Carrillo, Jorge Magaña Tejeda y Juan Carlos Montes y Montes.
“En primer lugar quiero comentarles que respetamos a la mujer, a la compañera Magistrada, Rocío López Llerenes Zamora, pero desde luego disentimos, por falta de sustento, varias de sus aseveraciones que ha ventilado a los medios, sin antes presentar estos posicionamientos al interior del pleno”
Mencionó que la diversidad de opiniones es un reto que se asume e invitó a la Magistrada a ampliar sus puntos de vista al interior del pleno, porque finalmente lo que se desea es precisamente llegar a los consensos por el bien de la administración de justicia.
“Hemos realizado un trabajo extraordinario, eso es lo que lamentamos de unas palabras aisladas, de un solo miembro de un órgano colegiado, traten o generen un daño de todo un trabajo permanente de los servidores públicos”.
FONDO AUXILIAR CON RIGUROSOS CONTROLES DE FISCALIZACIÓN
García Rincón detalló que el Fondo Auxiliar se encuentra constituido por donaciones, multas, intereses, productos y aprovechamientos que deben invertirse en rubros muy específicos: infraestructura, capacitación, actualización, especialización y estímulos a los servidores públicos.
Hizo énfasis que en todos los procedimientos de adquisición de bienes y servicios cuentan con controles específicos a través de un Comité de Adquisiciones y Servicios que se encuentra integrado por la Unidad de Apoyo Administrativo, Contraloría del Estado, Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y la propia Cámara Nacional del Comercio.
Precisó que en obra pública se invirtieron alrededor de 2 millones 616 mil pesos, Adquisición de Mobiliario y equipo de administración 520 mil 852 pesos, vehículos y equipo de transporte 480 mil, instalaciones en general 503, mantenimiento y conservación de bienes muebles, inmuebles y equipo de computo por 981 mil, capacitación 1 millón 451 mil, estimulo de antigüedad 260 mil pesos y adquisición de quipo de computo 1 millón 169 mil, dando un total de 7 millones 982 mil 297 al 18 de abril del presente año y en beneficio de la administración de justicia.
García Rincón confirmó que efectivamente se adquirió una unidad nueva al servicio de la presidencia, debido a que el modelo anterior tenía un costo elevado en el consumo de gasolina y mantenimiento, así como por cuestiones de seguridad.
ADEUDO CON LA DIRECCIÓN DE PENSIONES
El titular del Poder Judicial confirmó que efectivamente existe un déficit en la Dirección de Pensiones, que se vienen arrastrando desde los meses de julio a diciembre del año pasado, (con excepción de agosto), que se enfrenta ante la falta de insuficiencia presupuestal y no de un manejo inapropiado de los recursos.
Detalló que los pagos para Pensionados y Jubilados de acuerdo al artículo 66 la Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado que establece que este gasto será preferentemente a cualquier otra erogación.
García Rincón indicó que el presupuesto del año 2012 para el Poder Judicial es de 130 millones de pesos, de los cuales 114 millones de pesos se van a servicios personales, que equivale al 87%, materiales y suministros 3 millones 290, servicios generales 4 millones 700 mil pesos, así como transferencias para jubilados y pensionados es de 8 millones 900 mil pesos, sin embargo este último rubro requiere de 16 millones 399 mil pesos.
Informó que el proyecto presupuestal presentado por el Poder Judicial fue de 240 millones de pesos, que se requerían para cubrir los compromisos de la Reforma Procesal Penal, Juicios Orales Mercantiles, atención a narcomenudeo y justicia para adolescentes, entre otras cuestiones, sin embargo el techo financiero otorgado fue inferior.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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