ENTRE LÍNEAS

Administrador Colimapm | Opinión | 18/01/2022

POR: Raúl Merced Lares

DESDE AHORA se están cuidando políticamente algunos protagonistas políticos, como la Gobernadora y los presidentes municipales y alcaldesas. Y es que al presentarse ayer el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para la capital del estado por parte de la alcaldesa Margarita Moreno, se pudo ver la parte política, ya que la gobernadora no asistió al evento, como sí lo ha hecho en otras presentaciones de planes municipales. Y es que se puede observar y sentir que Margarita Moreno va a estar por el PRI no sólo en las boletas de la elección del 2024, quizá para senadora o diputada federal, sino sobre todo en las del 2027 para la gubernatura del estado. Por lo que mostró en la campaña del año pasado y lo que haga como alcaldesa, la ex presidenta del DIF estatal sería una buena candidata en 2024 y en 2027.

Por lo pronto, la alcaldesa de Colima lanzó el anzuelo de manera inteligente al señalar en dicho evento que el Plan Municipal de Desarrollo de Colima está alineado al Plan Nacional y al Plan Estatal, “de manera especial al proyecto de estado que ha diseñado la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues en equipo podremos alcanzar muchos más resultados y en menor tiempo”. Independientemente si recibe apoyo o no de la Gobernadora para algunas obras o acciones en el municipio, Margarita Moreno puede escalar bastante en el ánimo de los ciudadanos de la capital si realiza un buen trabajo en el mejoramiento de los servicios públicos, en donde hay oportunidades para corregir deficiencias y disminuir las constantes quejas de los ciudadanos. Si hay voluntad política, habrá más recursos para mejorar seguridad, tránsito, agua potable y alcantarillado, alumbrado, recolección de basura, parques y jardines, entre otros, así como para solucionar añejos problemas comunitarios.

CON TAL de no cerrar ya ninguna actividad económica, aunque esto pueda costar más casos y más muertos por Covid-19, el Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (Conasabi) acordó incorporar una nueva metodología para el semáforo epidemiológico, para evitar seguramente que haya muchos rojos (máximo riesgo) o naranjas (alto riesgo) en el país y así permitir más actividad económica. Las nuevas medidas permitirían mayor movilidad y, por tanto, mayor acceso a negocios y establecimientos.  Se trata de la misma política irresponsable y negligente que ha practicado el gobierno del presidente López Obrador desde que comenzaba la pandemia en México (en mayo del 2020) y que ha costado una parte importante de los más de cuatro millones de casos y de más de 300 mil muertos, oficiales. Para desgracia de muchos mexicanos, se está imponiendo otra vez el criterio político y económico sobre la salud, a pesar de padecer una grave contingencia sanitaria.

REALIZA SECRETARÍA de Gobernación en Colima las Mesas de Diálogos con partidos políticos; ayer empezó con el PRI y lo hará con los demás institutos políticos y sectores empresariales, reza el titular y el sumario de la nota. Anteriormente, este tipo de diálogos era sobre todo para la foto, para la imagen de una falsa unidad o de que políticamente iban bien las cosas, pero al final no todos los acuerdos se respetaban. En el fondo, se trata de otra forma de negociar del gobierno con los partidos políticos para llevar la fiesta en paz. Se trata de negociar los intereses de cada partido, aun cuando al final se imponen los de la mayoría, que en este caso es Morena.  Por lo pronto, el hecho de recibir primero al PRI ya se sabe con quién va a negociar o ya ha negociado Morena (como se puede observar con lo que sucede en el Congreso del Estado). Ojalá que sean asuntos o temas que no afecten a sectores de la población y que sólo beneficien políticamente a los partidos que entren a negociaciones, como está ocurriendo en el Congreso local.

HA QUEDADO demostrado que el presunto interés y preocupación que han manifestado los partidos de izquierda como Morena por la defensa de los derechos humanos era sólo de dientes hacia afuera. Lo decimos porque están informando que las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos aumentaron más de 400 % en los primeros tres años del gobierno del presidente López Obrador respecto a las presentadas durante el mismo lapso de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto. De acuerdo con las estadísticas de la CIDH, entre 2018 y 2021 fueron presentadas por mexicanos un total de mil 661 quejas, frente a las 364 que habían presentado en la primera mitad del sexenio anterior. La mayoría de las denuncias corresponde a la presunta omisión del Estado en casos de violación a derechos humanos, seguidas por aquellas en que lo acusan a de haber consentido la violación de garantías individuales y, por último, las que responsabilizan al Estado de actuar contra las garantías.

OTRO DATO negativo que vulnera aún más a la sociedad, a la vida social y que invisibiliza el gobierno de Morena es que en México los feminicidios, homicidios, abusos sexuales y desapariciones cometidos contra niñas y adolescentes han aumentado. Y es que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en los últimos tres años un total de 300 menores de edad han sido víctimas de feminicidio; en tanto, una de cada cuatro niñas sufre violación, denuncian las ONG. De acuerdo con el Inegi, en 2021 hubo registro de 340 niñas asesinadas de entre O y 17 años por homicidio culposo y 153 por homicidio doloso. Adicionalmente, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) contabilizó hasta el 20 de diciembre pasado 942 niñas y adolescentes desaparecidas o no localizadas. La cifra representa un incremento de 17.3 % respecto de 2020. Y desgraciadamente no se hace nada o se hace muy poco por detener esta situación.

ES BIEN visto que en el rubro de Gobierno Honesto y Transparente del Plan Estatal de Desarrollo se resalte el apartado “Reestructura de la Burocracia Estatal”, ya que se efectuaría un rediseño para reducir la alta burocracia de la administración pública estatal, eficientando funciones y actividades en los puestos de primer nivel, respetando en todo momento los derechos de las y los trabajadores de base y sindicalizados. Se espera que este necesario adelgazamiento de la burocracia se haga sobre todo con justicia, entre muchos “trabajadores” que no hacen nada, hacen muy poco o ni van a trabajar. Ahí se ahorraría una parte importante de los 500 millones de pesos que proyecta ahorrar este año el gobierno de Indira Vizcaíno.

BRYANT ALEJANDRO García Ramírez, Fiscal General del Estado, dio a conocer que sostuvo una primera reunión con integrantes de una asociación animalista de Tecomán, con el fin de abordar el maltrato animal. De entrada, aclaró que el primer respondiente en esos casos es la autoridad local, es decir, el ayuntamiento, y posterior a esta primera autoridad, la dependencia a su cargo sería la encargada de expedir alguna medida cautelar a la persona o personas que maltratan animales o, en su caso, ordenar la investigación correspondiente. Veremos qué ayuntamiento pone el ejemplo e impone sanciones económicas o administrativas a quienes piensan que las mascotas son para golpear y …… y no para que cuiden y convivan.