BITÁCORA REPORTERIL

Administrador Colimapm | Opinión | 12/10/2021

LA FALSA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

POR: César Barrera Vázquez

Sin estridencias mediáticas, en gobiernos de la república anteriores se combatió a la corrupción con hechos y acciones: ex gobernadores fueron encarcelados por actos de corrupción, entre los que destacan Javier Duarte (Veracruz), Andrés Granier (Tabasco), Mario Villanueva (Quintana Roo), Flavino Ríos (Veracruz), Guillermo Padres (Sonora), Tomás Yarrington Ruvalcava (Tamaulipas), Roberto Borgue (Quintana Roo), Eugenio Hernández (Tamaulipas), Narciso Argündez Montaño (Baja California) y Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit).

Estos 10 ex gobernadores, en su mayoría priistas, fueron encarcelados durante los sexenios pasados, la mayoría también durante administraciones priistas. De igual forma, se impulsaron denuncias e investigaciones, durante los gobiernos anteriores, que derivaron en el arresto  y persecución de otro ex gobernadores, cuya situación legal todavía no se dirime o que se encuentran en calidad de prófugos, como César Duarte --arrestado en Miami-- y Jorge Torres López, prófugo de la justicia.

Otros más enfrentaron procesos legales y fueron absueltos, como Jesús Reyna (Michoacán), Luis Armando Reynoso (Aguascalientes), Fidel Herrera (Veracruz),  Gabino Cue (Oaxaca), Fausto Vallejo (Michoacán), Rodrigo Medina (Nuevo León) y Humberto Moreira (Coahuila).

Para poner las cosas en perspectiva, durante el gobierno de Peña Nieto --el más corrupto de acuerdo a la retórica del régimen obradorista--, 16 ex gobernadores estuvieron bajo un proceso judicial por corrupción y cinco estaban presos por delitos asociados a ésta. Asimismo, durante el gobierno de Zedillo (1994-2000) se metió a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari, nada más y nada menos que el hermano del ex presidente Carlos Salinas. Esos son hechos y acciones que atacan directamente a la corrupción y dejan un claro precedente contra la impunidad.

Por eso,  ante un gobierno honesto y que se jacta de combatir como nadie y nunca la corrupción, la pregunta es necesaria y fundamental: ¿qué ha hecho el gobierno de López Obrador para combatir a la corrupción, a cuántos políticos corruptos ha metido a la cárcel? La respuesta es desoladora: ninguno. Al contrario, los protege y utiliza con fines personales para sus venganzas políticas, y prueba de ello es la imagen de Jesús Lozoya cenando en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad de México.

Jesús Lozoya, una de los políticos más encumbrados del sexenio pasado, símbolo de la corrupción política y la impunidad, es la prueba viviente de que el combate a la corrupción del gobierno de López Obrador es una farza, una simulación, un condimento del discurso político del presidente, que cada vez convence menos ante la falta de evidencias y logros que acrediten un genuino combate a la corrupción, cuyo fracaso más grande se evidenció con la consulta para enjuiciar a los ex presidentes.

El presidente ha utilizado a la fiscalía general de la república con fines partidistas, cuyo fiscal Gertz Manero pasará  a la historia como uno de los peores procuradores, el cual se prestó y desvirtuó esta institución que es clave en la persecución de los delitos. Esto al beneficiar a Lozoya con un criterio de oportunidad (testigo protegido) que no cumple con los mínimos requerimientos de validez, pues no ha aportado ninguna evidencia con el suficiente valor probatorio que respalde sus acusaciones contra ex funcionarios, periodistas y políticos, quienes coincidentemente son adversarios del presidente.

Lo que sí se sabe con certeza, a través de las mismas declaraciones de quienes fueron investigados, detenidos y encarcelados por el caso Odebrecht, a través de procesos judiciales ya concluidos --como el que se realizó en Estados Unidos-- es que Jesús Lozoya recibió 10 millones de dólares en sobornos para beneficiar a esta empresa brasileña con contratos de Pemex durante su gestión como director general de la paraestatal.

Lozoya acepta esto y por eso es un criminal confeso, pero la fiscalía general de la república lo protege y lo deja en libertad para que declare en contra de los adversarios del actual régimen, cumpliendo así el capricho del presidente. El ex candidato presidencial, Ricardo Anaya--uno de los acusados por Lozoya y férreo opositor de AMLO--, incluso acusa a la fiscalía de que le permitió al ex director de Pemex de Peña Nieto quedarse con estos 10 millones de dólares, depositados en un banco en Alemania. Nadie ha desmentido esto.

La mismas declaraciones de Lozoya --cuyas actas se armaron siguiendo un guion de la fiscalía-- se contradicen y son inconsistentes con las investigaciones judiciales de Estados Unidos y con el testimonio del mismo ex director de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Weyll, quien contradijo a Lozoya y aclaró que el dinero entregado no era para sobornar a políticos para que votaran la reforma energética de Peña Nieto, sino para que le dieran contratos a través de licitaciones directas cuando llegara a ser director de Pemex, lo que al final sucedió.

El combate a la corrupción de este gobierno es una farsa, una caricatura de mal gusto. Y lo vemos en los videos del hermano del presidente, Pío Obrador, recibiendo dinero a escondidas, de su prima Felipa Obrador recibiendo contratos millonarios y de sus demás familiares, incluidos sus hijos, que se han vuelto obscenamente ricos desde el poder de la presidencia de la república. Ahí están los ejemplos de cómo combate la corrupción el régimen obradorista.

DOS PUNTOS

Un tribunal colegiado federal le otorgó un amparo a Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu), contra la medida cautelar de la prisión preventiva que le impuso un juez de control hace dos años y que la mantiene privada de la libertad. A Robles le inventaron una licencia falsa para privarla de su libertad, demostrando así el ensañamiento del régimen de López Obrador con quien en el 2005 fue pieza clave de la difusión de los videos que exhibieron, ahí sí, la corrupción de los más cercanos del presidente recibiendo pacas de dinero ilegal, delito por el cual Bejarano estuvo en prisión y cuyo escándalo le costó la presidencia a AMLO en ese entonces.