ENTRE LÍNEAS

Administrador Colimapm | Opinión | 28/09/2021

POR: Raúl Merced Lares

AÚN el año pasado pensaba que mientras en Colima no se rebasara la cifra de mil muertos por Covid-19, por la gravedad de la situación, las cosas no estarían tan mal. Sin embargo, la realidad de la pandemia se impone y ya son más de dos mil los colimenses que han fallecido por esta causa. Es una gran desgracia. Por eso, no es suficiente decir que fallecen muchos porque las personas tenían diabetes, hipertensión y/u obesidad o no contaban con la vacuna. Es importante saber si hay otra causa por la que desde julio pasado se ha elevado la cifra de muertos por Covid-19 en la entidad y, así, atender y detener esta situación, ya que debe evitarse que se sigan muriendo más colimenses por algo que puede ser prevenible. No tiene ningún sentido seguir sólo contando diario los muertos si se puede hacer algo para disminuir y reducir esta cifra negra.

A PROPÓSITO, la elevada cifra de muertes ocasionadas por la pandemia de Covid en México hace necesario hacer una investigación sobre la forma en que los gobierno federal y estatales tomaron decisiones para enfrentar la emergencia sanitaria y las previsiones para que, en el futuro, se puedan corregir a tiempo las determinaciones equivocadas que se pudieron tomar durante esta contingencia, según lo planteó el diputado federal y ex secretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, quien para ello propone la integración de una comisión de expertos independientes y una reforma al artículo 73 de la Constitución, que rige el funcionamiento del Consejo de Salubridad General, instancia responsable de hacer una declaratoria de emergencia sanitaria, pero que -acusa- está integrada por funcionarios subordinados al presidente López y, por tanto, sujetos a los designios de éste, como de hecho se pudo observar con la tardía declaratoria de emergencia sanitaria que se hizo el año pasado debido al Covid-19.

EN EL asunto del pago del salario a los trabajadores se puede observar una estrategia política perversa para que el gobierno priísta de José Ignacio Peralta tenga un cierre desastroso y que llegue el gobierno estatal de Morena como salvador de la situación, con el apoyo del gobierno federal de Morena. Lo están haciendo, aunque en ello se sacrifique a los trabajadores del estado. Y no sería cuestión de investigar mucho para saber que, si el gobierno que estuviese en una situación como en la que cayó el priísta fuera de Morena, como en este caso, no tendría los problemas que está teniendo el primero. En otras palabras, el problema de impago a los trabajadores se terminará una vez que llegue Indira Vizcaíno a la gubernatura. Y todo debido a las diferencias que tuvo Peralta con el gobierno federal de Morena, las cuales culminaron con la integración de Colima al bloque de gobiernos federalistas que estuvieron en contra de las políticas o designios del presidente López.

LA UNIVERSIDAD de Colima sigue haciendo lo necesario para que el Gobierno del Estado entregue los recursos que le adeuda a nuestra máxima Casa de Estudios. Y es que el rector Christian Torres Ortiz Zermeño ha pasado de las denuncias y las advertencias a los hechos al presentar -con todo el apoyo del Consejo Universitario- una denuncia ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) por el impago de más de 264 millones de pesos correspondientes al subsidio que mensualmente debe entregar el gobierno estatal. Pero no sólo esto. La UdeC presentó el viernes pasado una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Colima por este mismo motivo. De esta manera, la UdeC buscará asegurar dichos recursos que recibiría más tarde que temprano por parte del estado.

A PROPÓSITO de la UdeC, quedó otra vez de manifiesto que la institución es una de las fortalezas que tiene el estado. Y es que el rector universitario destacó la importancia que le da su administración al establecimiento de vínculos con la sociedad, y para muestra, mencionó la firma de convenios con las cámaras empresariales de la entidad, así como a la atención a la prevención de la violencia de género y la discriminación, entre otros. Sobre el primer caso, destacó que la firma de convenios “tiene un significado especial que refuerza las acciones de vinculación y refrenda la confianza que se tiene en la Universidad de Colima”.

EN EL PRI ya se definieron las cosas, ya que el presidente estatal del partido, Arnoldo Ochoa González, anunció que el diputado Héctor Magaña Lara fue electo coordinador del grupo parlamentario del PRI para la sexagésima Legislatura del Estado. El dirigente priísta dijo que el legislador por la Villa es una persona con experiencia, ya fue diputado y se supo ganar la confianza de los demás diputados electos que le otorgaron su voto para que sea él quien los coordine en la próxima Legislatura local. También presentó a la diputada Lizzie Moreno Ceballos como legisladora del PRI, tras participar con las siglas del PRD dentro de la coalición PRI-PAN-PRD, lo cual dijo que fortalecerá el trabajo legislativo y, así, poder tener más posibilidades de darle resultados a la población. Esta decisión de la ahora diputada priísta se dio ante las modificaciones que se harían en la actual legislatura a la Ley Orgánica del Congreso del Estado y que acaban de darse.

SUENA BIEN que la gobernadora electa de Colima y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal se hayan comprometido a trabajar de manera coordinada para lograr la paz en Colima, aunque esta sea la misma narrativa que trae el presidente López y no se vea por ningún lado esa paz que demandan los mexicanos desde hace un buen rato. Y aunque sí genera intranquilidad y temor, nos parece que el gobierno no debieran preocuparse tanto por los homicidios dolosos, pues la gran mayoría de estos se da entre los integrantes del crimen organizado; es una guerra entre ellos que difícilmente terminaría el gobierno, aun cuando sí tendría que controlar por la intranquilidad que genera en la población. En lo que sí se debería trabajar más y de manera prioritaria es en la disminución de los secuestros, extorsiones, desaparecidos y robos o asaltos, delitos que más agravian a la sociedad y por los cuales se hace muy poco para controlar.