BITÁCORA REPORTERIL

Administrador Colimapm | Opinión | 27/09/2021

EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

POR: César Barrera Vázquez

Las denuncias presentadas al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Fiscalía Anticorrupción dejan un claro precedente, en el terreno legal, de que el rector Christian Torres Ortiz no es cómplice ni tiene una actitud pasiva por el adeudo que está a punto de superar los 300 millones de pesos que tiene el gobierno estatal con la Universidad de Colima.

El actuar del Torres Ortiz, totalmente respaldado por la comunidad universitaria (hay que recordar que el pleno del consejo universitario, por unanimidad, votó para respaldar moral y legalmente cualquier acción del rector), confirma el interés prioritario que tiene para resguardar y proteger la autonomía de la máxima casa de estudios.

Jurídicamente, el rector está haciendo todo lo que está a su alcance para que el gobierno estatal pague, de manera oportuna, este adeudo, cuyo monto se acumula desde marzo de este año, último mes que el gobierno de Ignacio Peralta entregó los recursos que por ley debe dar a la Universidad de Colima.

Lo que está haciendo Torres Ortiz contrasta con la actitud apática de líderes sindicales, como los de la sección 39, que históricamente han dejado crecer el adeudo que el gobierno estatal tiene con esta organización gremial: la deuda con el magisterio local se acumula desde, incluso, el gobierno de Mario Anguiano, particularmente en el 2014 y 2015, cuando crecieron de manera significativa esos pasivos.

De ahí que resalte más esta estrategia de la rectoría de la Universidad de Colima para impeler, desde la vía judicial, el pago de este adeudo, cumpliendo así con lo que el consejo universitario mandata al rector, pues jurídicamente Torres Ortiz tiene responsabilidades que cumplir con la comunidad universitaria, lo cual, vemos en los hechos, lo está haciendo.

La situación del impago a la universidad, por otro lado, permite abrir un proceso penal para esclarecer y deslindar cualquier tipo de responsabilidad: si el adeudo es producto de la corrupción, omisión o negligencia, se tendrá que determinar a partir de una investigación y así fincar responsabilidades.

Más allá de lo catártico de las manifestaciones, el ámbito legal de la acción es lo más viable para presionar el pago de este adeudo, mismo que pone en riesgo la viabilidad financiera de la máxima casa de estudios: el rector ha sido enfático en que no se podría pagar el salario de 4 mil trabajadores universitarios, de continuar el impago del gobierno del estado.

El gobierno del estado y la futura gobernadora Indira Vizcaíno no pueden perder de vista que la estabilidad de la Universidad de Colima es un referente, objetivo, de la estabilidad política del estado: tenemos una universidad pública referente a nivel nacional, con sólidas conexiones académicas a nivel internacional y cuyo trabajo formativo también beneficia a jóvenes de los estados de Jalisco y Michoacán, entre otros más.

Por eso, no se puede considerar el impago con la Universidad de Colima como un tema financiero pendiente más, sino que debe ser analizado desde esa perspectiva, pues de no pagarse oportunamente el adeudo las repercusiones no serán únicamente legales y financieras, sino también sociales.

De ahí la responsabilidad que tiene este gobierno, pero sobre todo el que viene, de que una situación financiera no derive, por ningún motivo, en una problemática social que afecte la estabilidad de la Universidad de Colima y, por ende, del mismo estado.

DOS PUNTOS

Cuando fue el 100 aniversario de la Revolución Mexicana, el gobierno de Calderón realizó una serie de festejos y actos conmemorativos, que se ampliaron desde el 2006 hasta el 2011, casi en todo su gobierno. Aquí, en Colima, puso incluso un reloj, a fuera de la casa de la cultura, que cronológicamente recordaba cuánto faltaba para el festejo del 100 aniversario de la revolución mexicana. Hoy son otros tiempos.