BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 23/09/2021

EL RECTOR NO ESTÁ BLOFEANDO

POR: César Barrera Vázquez

Ayer el Rector Christian Torres Ortiz, en representación de la Universidad de Colima, presentó una denuncia ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG). Lo anterior, con la finalidad de que se haga una exhaustiva revisión de la gestión financiera del gobierno de Ignacio Peralta. Lo dijo el lunes y lo cumplió. pues el rector, en este tema, no está blofeando y, al parecer, va con todo. 

Si bien la denuncia es para que se fiscalice este 2021, podría extenderse a ejercicios presupuestarios anteriores, pues es fundamental que se dé claridad y se explique, técnicamente, cuáles fueron las causas que generaron este adeudo de más de 260 millones de pesos que el gobierno estatal tiene con la máxima casa de estudios.

El rector estuvo acompañado por quienes encabezan los sectores universitarios, como la FEC, el SUTUC, entre otros más, lo que acredita la unidad y fortaleza de la comunidad universitaria, cuyos integrantes respalda unánimemente esta demanda.

En el acto, el abogado general de la institución, Leobardo George Ocón, entregó la documentación correspondiente a Indira Isabel García Pérez, titular del OSAFIG quien se comprometió a realizar el trabajo que le corresponde al órgano fiscalizador en la revisión de la denuncia presentada, por lo que se estará realizando también el estudio y la notificación correspondiente a la Universidad, conforme lo establece la ley.

Al término de este encuentro con la titular de la Osafig, Torres Ortiz, entrevistado por los medios de comunicación, resaltó que esta denuncia está respalda por el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad.

Por consiguiente, se espera que el Osafig investigue, audite y haga lo que corresponda respecto al destino de los recursos públicos estatales del año 2021, y si fuera necesario de otros años, que la UdeC debe recibir, por convenio.

Se trata de un trabajo necesario, pues de esa forma se determinarán responsabilidades u omisión por parte de funcionarios públicos del actual Gobierno del Estado y, en su caso, que se generen las sanciones administrativas o penales. Por otro lado, adelantó el rector, este viernes se interpondrá la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción. El mismo abogado de la Universidad de Colima puntualizó, además, que se está valorando una posible denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Ene se sentido, el rector de la Universidad de Colima acierta en actuar en todas las vías a su alcance porque la situación financiera, derivada del impago del Gobierno del Estado, es muy compleja: ya prácticamente es el último trimestre del año y ese recurso es indispensable para el pago de sueldos, prestaciones y, sobre todo, para el funcionamiento de la institución.

Y es que la falta de recursos ocasionaría no sólo un contratiempo importante en cuanto al pago de los salarios de los trabajadores, sino que también afectaría las funciones sustantivas, que son básicas, fundamentales, considerando la importancia que tiene la Universidad en el estado y la región.

El tema reviste una gran importancia, porque ya se llegó al momento que el rector había anunciado desde agosto, en el que si la Universidad no recibe el recurso correspondiente tendría contratiempos para pagar a sus trabajadores.

De ahí que se estén explorando y agotando todas las instancias, tanto las jurídicas como las acciones públicas, para que el gobierno de estado finiquite este adeudo superior a los 260 millones de pesos, pues la Universidad ya no puede seguir solicitando el adelanto de recursos a la Subsecretaría de la SEP.

Este diálogo se ha extendido, como lo expresó el rector, con la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, quien, en palabras de Torres Ortiz, “se ha mostrado solidaria, ocupada y preocupada por el tema de la Universidad y la institución le apuesta a que una vez que inicie su gobierno, este tema y la relación interinstitucional sea absolutamente diferente”.

DOS PUNTOS

Si hay un indicador claro de gobernabilidad política, referente en un estado, es la paz y orden que guarda su universidad pública. Aquí en Colima, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Colima, representa una institución universitaria que se ha distinguido precisamente por mantener condiciones óptimas para el desarrollo profesional y académico de la entidad.

No se puede cometer el error, de que por una cuestión financiera, se genere esa desestabilidad en la Universidad de Colima y, por ende, se genere una verdadera crisis política en el estado, con serias afectaciones sociales, no solamente para estos 4 mil trabajadores universitarios, sino para los 29 mil estudiantes del nivel medio superior y superior que se forman en sus aulas.