BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 24/08/2021

UDEC, IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

La Universidad de Colima tiene una importancia estratégica para el desarrollo del estado, pues no solamente es la principal fuente de formación de estudiantes de nivel medio superior y superior, sino que también impulsa la investigación científica, cuyos aportes contribuyen para la innovación tecnológica y el avance social del estado.

Por eso, el reciente pronunciamiento del rector Christian Torres Ortiz tuvo un gran respaldo por todos los sectores de la población, tanto académicos y culturales, líderes de opinión y representantes de la sociedad civil, así como la comunidad universitaria en general, cuyos integrantes se sumaron y cerraron filas a favor de la universidad para que se salde, en ese sentido, la deuda de más de 236 millones de pesos que el gobierno estatal tiene con la máxima casa de estudios.

El mensaje reflejó una gran unidad y fortaleza de la comunidad universitaria, cuya influencia permea en todos los sectores de la sociedad. De ahí el fuerte respaldo que tuvo el llamado del rector, como no se había visto antes. Ahora bien, ¿qué tan efectivo será el mensaje? ¿Hay voluntad política del gobernador para saldar este adeudo histórico?

Analicemos los hechos y lo que nos dice la experiencia: en el 2016 el gobernador, acompañado del otrora secretario de Educación federal, Aurelio Nuño Mayer, entregó un cheque por 261 millones 965 mil pesos al entonces rector Eduardo Hernández Nava, cantidad que se abonaría a un adeudo histórico de 394 millones de pesos que se acumuló durante el gobierno anguianista.

Vemos, pues, que hay voluntad política de parte del gobierno del estado, por lo que en las gestiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ineludiblemente, el gobierno estatal deberá tomar en cuenta también las necesidades de la Universidad de Colima, máxime cuando el mismo gobernador ha reconocido su importancia estratégica para el desarrollo del estado.

Y en especial, también, cuando el rector Torres Ortiz ha expresado, en un mensaje inédito, sin parangón en la defensa de la universidad, que el impago de este adeudo los tiene al borde de incumplir con las obligaciones salariales, poniendo en riesgo el sustento de más de 4 mil familias universitarias.

Este llamado no sólo apela, en el plano político, al gobierno del estado, sino también al gobierno federal, en el entendido de que las finanzas, en este momento crítico, se resuelven desde el centro, ante la falta de liquidez propiciada por la crisis económica, el pago de pasivo a corto plazo, la caída en las participaciones federales y los gastos extraordinarios por la pandemia.

Todos estos factores externos originaron una crisis que no se había visto en todos los aciagos años del periodo neoliberal y que cada vez alcanza a más sectores de la población: primero fueron los trabajadores informales, luego la burocracia estatal y ahora la amenaza se cierne con la clase universitaria. 

Necesariamente, si ya hay gestiones del gobierno federal y estatal para resolver esta falta de liquidez –y que una crisis financiera no devenga en crisis social--, no se puede excluir a la Universidad de Colima. Es ineludible el pago total del adeudo con la máxima casa de estudios. 

Porque si bien el gobierno estatal ya pagó la nómina de todos los trabajadores del estado, desactivando la crisis del impago que consternó y dañó la imagen del gobernador, la crisis no estará sorteada hasta que también se pague los adeudos a la Universidad de Colima, cuyos recursos serían para pagar la nómina universitaria.

No hacerlo sería, en términos políticos, como no haber pagado la nómina estatal y dejar que la crisis financiera deviniera, peligrosamente, en una crisis social.

DOS PUNTOS

La próxima gobernadora Indira Vizcaíno tendrá que impulsar una nueva distribución del pacto fiscal de Colima con la federación, en la que se dé un mayor porcentaje de participaciones, pues un estudio con información de SHCP e INEGI determinó que Colima recibió sólo 5 pesos con 54 centavos por cada 100 pesos que aportó a la Recaudación Federal Participable, siendo el Estado con la proporción más baja en todo el país.

No puede depender, como el actual gobierno, de recursos extraordinarios (del 2016 al 2018 llegaron 2 mil 763 millones de pesos en recursos extraordinarios), sino que debe corregirse ese déficit estructural o, en todo caso, tendrá que recurrir a financiamientos de corto plazo.

Por otro lado, el convenio de aportación estatal con la Universidad de Colima se debe corregir, en el sentido de que el recurso se canalice directamente a través de un fideicomiso cuya fuente de pago sean las participaciones federales, y no que esté sujeto a la disponibilidad presupuestaria. De no corregirse esto, seguirán repitiéndose estos problemas.